En Colombia, la pensión representa para muchos ciudadanos la garantía de una vejez digna, resultado de años de esfuerzo laboral; sin embargo, el proceso para reclamar estos fondos tras el fallecimiento de un familiar puede convertirse en un laberinto burocrático.
Este es el caso de Mariana Medina, que denunció públicamente las dificultades que ha enfrentado para acceder al saldo de la pensión de su madre, fallecida hace 19 años.
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La historia de una pensión
A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, Medina expuso las complicaciones que ha experimentado con Colfondos, uno de los principales fondos privados de pensiones en el país para solicitar el dinero que le correspondería.
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Según su relato, tras el fallecimiento de su madre, cuando ella aún era menor de edad, su familia cumplió con todos los requisitos exigidos para recibir la pensión correspondiente.
Por tal razón, durante años Mariana Medina recibió el dinero sin inconvenientes, pero la situación cambió drásticamente cuando se graduó de la universidad, pues desde entonces, según explicó, Colfondos retuvo el saldo restante de la pensión de su madre sin informarle de su existencia.
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Medina explicó que fue gracias a la orientación de un contador que descubrió la posibilidad de reclamar ese dinero; sin embargo, al iniciar el proceso con Colfondos se enfrentó a respuestas confusas y documentos con errores como nombres y números de identificación incorrectos.

Ante la falta de claridad, decidió interponer una acción de tutela, mecanismo que le permitió confirmar la existencia de un saldo considerable pendiente, aunque no especificó la cifra exacta.
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El arduo camino para reclamar
El proceso para reclamar este dinero ha estado marcado por constantes cambios en los requisitos, según Medina, los asesores de Colfondos le solicitaron documentos diferentes en cada visita.
Inicialmente, le pidieron ciertos papeles, pero al regresar con ellos, le exigieron otros adicionales, como un juicio de sucesión, a pesar de que, en su momento, ya se habían entregado documentos legales que la acreditaban como única heredera.
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Este trámite implicó costos adicionales, tanto en tiempo como en dinero, ya que debió contratar a una abogada y asumir gastos notariales.
Uno de los requisitos más controvertidos fue la solicitud de un ejemplar original del edicto publicado en un periódico tras el fallecimiento de su madre, un documento difícil de conseguir después de casi dos décadas.
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Aunque logró resolver este inconveniente contactando directamente al periódico, finalmente le informaron en Colfondos que ese documento no era necesario, lo que reflejó una falta de coordinación interna.

En octubre de 2024, después de entregar el juicio de sucesión, le indicaron que debía esperar tres meses para la resolución del caso; sin embargo, al cumplirse este plazo en enero de 2025, no recibió respuesta.
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Al comunicarse nuevamente con la entidad, le informaron que su proceso nunca se había iniciado porque debía agendar una asesoría virtual, un paso del que nunca fue notificada.
“Yo espero prudentemente los tres meses que se cumplían el 11 de enero del 2025, y veo que no obtengo ninguna respuesta, esperé unos días más por si algo sucedía. Hoy vuelvo a llamar y en esta ocasión no fui a la oficina en físico, sino que llamo para ver si de pronto había alguna cosa que se pudiera hacer y me dice el asesor que los documentos sí están registrados, pero el proceso nunca se inició porque tenía que tener una asesoría virtual primero”.
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Al intentar programar dicha asesoría a través de la plataforma de Colfondos, encontró fallas técnicas que le impidieron completar el trámite.
Por lo tanto, Medina acusó a Colfondos de imponer obstáculos deliberados para retrasar el desembolso del dinero, lo que, según ella, beneficia a la entidad al permitirle seguir invirtiendo los fondos.
“No es lo mismo invertir 100 millones por un mes que hacerlo por 19 años”, afirmó en su video, señalando que estas trabas parecen diseñadas para extender indefinidamente el proceso.
Mientras tanto, Mariana Medina continúa en su lucha por obtener el dinero que considera legítimamente suyo, reflejando un problema que podría afectar a miles de colombianos en circunstancias similares.
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