La historia de David Wigoda Rinzler, el empresario condenado a más de 17 años de prisión en Colombia por estafa masiva, que se escapó a Israel: captó ilegalmente unos 40 millones de dólares

El empresario David Wigoda Rinzler, conocido por su papel en el esquema fraudulento de la firma Factor Group, fue condenado a 212 meses y 52 días de prisión, lo que equivale a más de 17 años, según informó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Sin embargo, el cumplimiento de esta sentencia enfrenta un obstáculo: Wigoda se encuentra en Jerusalén, Israel, país que no contempla la extradición, lo que le permite evadir la justicia colombiana.

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Wigoda lideró un esquema piramidal que afectó a 1.157 familias y que involucró la captación masiva e ilegal de más de 160.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 40 millones de dólares).

Este fraude se sustentó en operaciones ficticias que incluían la supuesta compra y engorde de ganado, la compraventa de inmuebles y la adquisición de carteras.

La firma Factor Group, con sede en Medellín, se promocionaba como una de las empresas más grandes en el mercado de factoring, pero en realidad operaba como un esquema de estafa masiva.

Antes de su vinculación con el fraude, Wigoda gozaba de una reputación destacada en el ámbito empresarial. Según W Radio, fue considerado uno de los ejecutivos más influyentes dentro del Grupo Empresarial Antioqueño, un conglomerado económico de gran prestigio en Colombia.

Sin embargo, su salida de esta organización en medio de sospechas por malos manejos administrativos y financieros marcó el inicio de su declive.

En 2011, la Superintendencia Financiera de Colombia intervino la firma Factor Group tras identificar irregularidades en su operación.

Desde entonces, Wigoda enfrentó cargos por captación masiva y habitual de recursos del público, así como por estafa agravada.

Ante el avance de las investigaciones, el empresario buscó refugio en Israel, país al que logró ingresar con el respaldo de una certificación emitida por un rabino de la comunidad judía a la que pertenece.

El caso de Wigoda ha tenido importantes desarrollos judiciales en los últimos años. Según reportó El Tiempo, en febrero de 2021, el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó inicialmente a 13 años de prisión.

Sin embargo, el pasado 13 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá revisó la sentencia y decidió aumentar la pena a 17 años y 6 meses, argumentando que el daño patrimonial causado por el esquema piramidal justificaba una sanción más severa.

El Tribunal también confirmó la absolución de dos personas vinculadas al caso: Beatriz Wigoda Rinzler, hermana del empresario, y Marcela Jaramillo Cuartas, cuya defensa estuvo a cargo de la actual ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ambas habían sido señaladas inicialmente, pero los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para inculparlas.

En cuanto a la multa económica, la sentencia estableció un incremento proporcional al aumento de la pena de prisión, en línea con la magnitud del daño económico ocasionado. Según el fallo, los recursos comprometidos en la estafa superan los 200.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 50 millones de dólares).

A pesar de la condena, Wigoda continúa utilizando recursos legales para intentar revertir su situación. Según El Tiempo, el pasado 13 de enero, su defensa interpuso un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una revisión de la sentencia. Además, el empresario cambió de abogados, dejando atrás los servicios de la oficina de William Monroy, que lo había representado durante el proceso inicial.

Mientras tanto, las víctimas del esquema piramidal siguen esperando justicia. Una de ellas, representada por la firma De La Espriella Lawyers, expresó al medio que, mientras la condena no sea definitiva, Wigoda continuará evadiendo a las autoridades desde Israel.

La situación de David Wigoda Rinzler pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las autoridades colombianas para hacer cumplir las sentencias en casos de fraude internacional. La ausencia de un tratado de extradición entre Colombia e Israel ha permitido que el empresario permanezca fuera del alcance de la justicia, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos.