Estas fueron las investigaciones contra el Gobierno Petro que deja Margarita Cabello en la Procuraduría

El cambio de liderazgo en la Procuraduría General de la Nación marca un momento crucial para el panorama político en Colombia.

Con la salida de Margarita Cabello, que asumió el cargo durante el gobierno de Iván Duque, el nuevo procurador, Gregorio Eljach, hereda una serie de investigaciones de alto perfil que involucran a figuras clave del actual Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información disponible, estas pesquisas, que tocan las entrañas del Ejecutivo, incluyen procesos disciplinarios contra varios ministros y exministros por presuntas irregularidades en su gestión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabello, que previamente se desempeñó como ministra de Justicia en el gobierno de Duque, deja su cargo tras un periodo marcado por investigaciones que han generado controversia en el ámbito político.

Durante su administración, se abrieron procesos disciplinarios contra al menos cinco altos funcionarios del Gobierno Petro, algunos de los cuales se encuentran en etapas avanzadas. Estas investigaciones abarcan desde presuntas omisiones hasta posibles actos de corrupción, y su resolución será una de las principales tareas del nuevo procurador.

Uno de los procesos más destacados que quedan en curso es el juicio disciplinario contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Jaramillo enfrenta acusaciones relacionadas con el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el país durante 2023.

Las asociaciones médicas habían advertido sobre esta crisis, y se señala al ministro por no haber tomado las medidas necesarias para mitigarla. Esta presunta omisión de sus funciones podría tener implicaciones significativas para su gestión y para el sistema de salud en general.

Otro caso relevante es el del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que es investigado desde julio de 2024 por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este proceso se suma a la lista de investigaciones que involucran a altos funcionarios del gobierno Petro. Este caso podría arrojar luz sobre posibles irregularidades en la gestión de los recursos públicos durante su tiempo en el cargo.

Esta investigación en contra de Bonilla comenzó cuando el Ministerio del Interior seguía bajo la custodia de Luis Fernando Velasco y también involucra al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, además de varios congresistas mencionados en el proceso.

La pesquisa, que sigue en curso, busca esclarecer si hubo irregularidades en la asignación de contratos como mecanismo de negociación política.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, enfrenta una investigación por parte de la Procuraduría desde abril de 2024.

El funcionario habría incumplido la orden de realizar nombramientos en propiedad en la Comisión de Regulación de Energías y Gas (Creg), manteniendo una situación de interinidad en la entidad.

La Procuraduría argumenta que Camacho ignoró tres alertas emitidas por el Ministerio Público sobre la necesidad de regularizar los nombramientos en esta comisión, lo que podría tener implicaciones en la estabilidad del sector energético del país.

Por su parte, el ministro de Cultura, Juan David Correa, también está bajo investigación desde mayo del 2024. En su calidad de ministro de Educación ad hoc, Correa es señalado por presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia para designar un rector provisional.

Este caso generó gran controversia en el ámbito educativo, ya que la decisión del Consejo Superior Universitario resultó en la destitución de Ismael Peña Reyes, quien había sido nombrado como rector de la institución. La Procuraduría busca determinar si las acciones de Correa se ajustaron a las normativas vigentes o si, por el contrario, vulneraron los procedimientos establecidos.

Otro caso que genera atención es el del alto comisionado de paz, Otty Patiño, que asumió su cargo a los 79 años, superando el límite de edad establecido por la normativa colombiana para ejercer funciones públicas, que es precisamente de 79 años. Esta denuncia plantea interrogantes sobre la legalidad de su nombramiento y podría derivar en decisiones que afecten la continuidad de su gestión en un cargo clave para los diálogos de paz en el país.

Además, dos procesos ya han sido fallados en primera instancia. El primero involucra al excanciller Álvaro Leyva, quien fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Este caso ahora está en manos de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que deberá decidir si ratifica o revoca la sanción impuesta. El segundo caso corresponde al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aunque el medio no detalla las implicaciones específicas de este proceso, sí señala que ambos casos reflejan la complejidad de las decisiones que deberá tomar la Procuraduría en los próximos meses.

<br/>