Por participación de Colombia en posesión de Nicolás Maduro, canciller Murillo será llamado a debate de control político y moción de censura

La reciente asistencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, a la ilegítima ceremonia de juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político colombiano.

Diversos sectores han expresado su rechazo a este acto, calificándolo como un respaldo al régimen venezolano. La situación ha escalado al punto de que algunos congresistas han planteado la posibilidad de un debate de control político contra el canciller Luis Gilberto Murillo, e incluso han mencionado la opción de promover una moción de censura.

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La juramentación de Nicolás Maduro tuvo lugar ante la Asamblea Nacional de Venezuela, en un contexto marcado por acusaciones de usurpación de poder y falta de legitimidad democrática. La presencia del representante diplomático colombiano en este evento ha sido interpretada por algunos sectores como un gesto de apoyo del Gobierno de Gustavo Petro hacia el régimen venezolano, lo que ha generado indignación entre opositores y críticos del mandatario colombiano.

El senador Carlos Fernando Motoa fue uno de los primeros en manifestar su descontento, señalando que la participación del embajador Rengifo en la ceremonia es una “vergüenza” para Colombia.

Motoa afirmó que este acto equivale a reconocer a un mandatario que, según él, ha “usufructuado el poder de manera ilegítima” y ha vulnerado los principios democráticos. Motoa resaltó la necesidad de llevar a cabo un debate de control político en el Congreso para exigir explicaciones al canciller Murillo sobre esta decisión. Además, no descartó la posibilidad de impulsar una moción de censura en las próximas semanas.

Por su parte, la senadora Paola Holguín, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, también expresó su rechazo a la actuación del Gobierno Petro. Holguín calificó la asistencia del embajador como un hecho que “no representa a la mayoría de los colombianos”. En su opinión, este gesto quedará registrado en la historia como un acto de complicidad con un régimen que, desde su perspectiva, se mantiene en el poder pese a haber perdido las elecciones.

La senadora enfatizó que el embajador Rengifo no actúa en nombre del pueblo colombiano ni del Congreso, sino únicamente en representación del Gobierno actual.

“Es una vergüenza que va a quedar marcada en la historia de Colombia la asistencia del embajador a la usurpación del poder del régimen de Maduro que se juramentó pese a haber perdido las elecciones. El embajador solo representa al Gobierno cómplice de Petro, no representa ni al Congreso, ni al pueblo colombiano, que solo reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela”, fueron las palabras de Holguín.

Paloma Valencia, la también senadora del Centro Democrático aseguró que: “Es una vergüenza que un embajador de una república democrática como Colombia, asista a un acto de posesión de un tirano que se está robando las elecciones de Venezuela. Acompañar a Maduro en la posesión, es acompañar al crimen, el robo de la Presidencia de Venezuela. Gustavo Petro se hace cómplice de esa tiranía”.

La polémica se da en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, agravadas por las diferencias ideológicas entre los gobiernos de ambos países y las críticas internacionales hacia la administración de Nicolás Maduro.

La decisión del Gobierno Petro de enviar a su embajador a la juramentación ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de fortalecer las relaciones bilaterales con Venezuela, pero también ha sido vista como una acción que legitima un régimen cuestionado por su historial en derechos humanos y democracia. Sin embargo, se debe tener presente que el presidente Petro se negó a asistir y de acuerdo a las declaraciones del canciller Luis Gilberto Murillo, Colombia no puede desconocer las relaciones internacionales que comparte con el vecino país.

El debate sobre este tema podría intensificarse en las próximas semanas, especialmente cuando el Congreso colombiano retome sus sesiones. Los congresistas que han alzado su voz contra esta decisión del Ejecutivo han dejado claro que buscarán respuestas y, de ser necesario, tomarán medidas para exigir responsabilidades.