Mireddys González lleva su batalla legal con Daddy Yankee a otro nivel al contratar a la abogada de El Chapo Guzmán

La ya conocida disputa legal entre el cantante de reguetón Ramón Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, tomó un giro cuando se anunció que esta última decidió contratar a Mariel Colón Miró, reconocida abogada por su defensa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Este desarrollo intensificó el conflicto, que ya captó la atención pública debido a las acusaciones de robo y la separación de la pareja tras más de dos décadas de matrimonio.

A principios de diciembre de 2024, Daddy Yankee, de 47 años, confirmó públicamente su divorcio, marcando el fin de una relación que fue una de las más conocidas en el ámbito del entretenimiento. Poco tiempo después, el artista sorprendió al acusar a Mireddys González de haberle sustraído una suma significativa de dinero. Según el reguetonero, el monto ascendería a 100 millones de dólares. Aunque en un principio se especuló que ambas partes llegaron a un acuerdo, estos rumores fueron desmentidos con la aparición de nuevos elementos en el caso.

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La intervención de Mariel Colón Miró, abogada con experiencia en casos de alto perfil como el de “El Chapo” Guzmán, de 67 años, añadió una capa de complejidad al conflicto. González, también de 47 años, busca con esta contratación fortalecer su posición en el proceso legal. Este movimiento estratégico sugiere que la disputa no solo continuará, sino que podría escalar significativamente.

Así mismo, la disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González se complicó aún más cuando Carlos Díaz Olivo, abogado del reguetonero, señaló públicamente que González no había cumplido con los términos previamente establecidos en un acuerdo judicial. Este conflicto tiene su origen en acusaciones graves hechas por Yankee, quien afirmó que González realizó transferencias no autorizadas desde las cuentas corporativas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris Inc.

Tras estas acusaciones, un juez intervino y ordenó una reunión entre ambas partes con el objetivo de llegar a un acuerdo. Durante la primera audiencia, se determinó que el cantante reggaetonero asumiría la representación exclusiva de las mencionadas corporaciones. Asimismo, se estableció que un total de 75 millones de dólares debía permanecer en las cuentas de las empresas por un período de 30 días. Sin embargo, este acuerdo no se cumplió. Mireddys González y su hermana, que también estaba involucrada, no se presentaron a la siguiente audiencia, lo que generó aún más tensiones en el caso.

Frente al incumplimiento señalado por parte de Mireddys González y su hermana, el abogado de Daddy Yankee, Carlos Díaz Olivo, optó por tomar medidas inmediatas. Presentó una solicitud urgente ante el juez encargado del caso, con el objetivo de convocar una nueva audiencia. En esta instancia, se planteó la necesidad de exigir la entrega formal de toda la documentación requerida para asegurar tanto el control administrativo como la transparencia en la gestión de las corporaciones del cantante boricua.

En contraste con las acusaciones presentadas, Pilar B. Pérez, anterior abogada representante de Mireddys González y su hermana, ofreció una declaración donde manifestaron su disposición a dar un paso atrás en las corporaciones implicadas. La abogada aseguró que están completamente dispuestas a renunciar de manera formal y por escrito a cualquier posición que ocupen en las empresas involucradas, específicamente El Cartel Records y Los Cangris Inc.

Por último, el programa Lo sé todo de Puerto Rico reveló detalles adicionales sobre la separación. Según los detalles expuestos, el equipo de Mireddys González alegaba que el demandante sigue hostigando a las demandadas, a pesar de que ellas ya cumplieron con todas las órdenes del tribunal. “Así lo han informado al Honorable Tribunal bajo juramento. Con una nueva solicitud de información en donde afirman que el demandante continúa hostigando a las codemandadas cuando estas ya han cumplido con todo lo ordenado por el Tribunal, lo que no debe permitirse”.