La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) expresó su posición frente a la decisión del Gobierno nacional de suspender el incremento de tarifas en ocho peajes del país, medida que generó diversas reacciones en el sector. Esta decisión fue anunciada el 7 de enero por la ministra de Transporte, María Constanza García, que informó que las tarifas de dichos peajes únicamente subirían un 2,8% y permanecerían sin modificaciones adicionales durante los primeros seis meses del año 2025.
En su comunicado, la ministra explicó que esta decisión fue tomada en conjunto con los concesionarios responsables de los peajes, con el objetivo de mitigar los impactos económicos para los usuarios. Asimismo, reconoció que se trabajará en colaboración con estas empresas para diseñar una fórmula que permita ajustar las tarifas en el futuro, señalando que “a pesar de que los contratos firmados en 2014 estipulaban aumentos abruptos en determinados años, se priorizó encontrar un mecanismo que beneficie a todas las partes involucradas”.
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La suspensión afecta ocho peajes gestionados por seis concesionarios distintos, lo que llevó a la CCI a pronunciarse sobre las posibles repercusiones de esta medida en el sector de la infraestructura vial. La entidad destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de los contratos vigentes y advirtió sobre los riesgos que podrían surgir si estas decisiones afectan la estabilidad financiera de los proyectos en curso.
A través de un comunicado emitido el 9 de enero, la entidad ofreció su perspectiva sobre esta medida y explicó las implicaciones para las concesionarias y los proyectos viales. Según la CCI, esta decisión interrumpe un proceso regulado por contratos previamente establecidos con el Gobierno y cuyo cumplimiento asegura la sostenibilidad del sistema de infraestructura vial.
En su pronunciamiento, la CCI recordó que el ajuste de las tarifas de peajes en el país se basa en regulaciones gubernamentales lideradas por el Ministerio de Transporte, además de los acuerdos específicos firmados entre cada concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estos ajustes, explicó, están directamente relacionados con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo objetivo principal es mantener el valor real del dinero recaudado. “El IPC y su variación son la base para ajustar las tarifas de los peajes anualmente y determinar a cuánto debe ascender el recaudo”, señaló la entidad.
La CCI también aclaró que existen incrementos denominados “contractuales”, los cuales difieren de los ajustes inflacionarios. Estos aumentos, según indicó la cámara, solo se aplican cuando el Estado recibe formalmente obras de infraestructura que fueron financiadas y desarrolladas por las concesionarias privadas. Infraestructuras como túneles, viaductos, puentes, segundas calzadas y terceros carriles son ejemplos de obras que, una vez entregadas, justifican estos incrementos. Según la CCI, estas mejoras buscan optimizar la movilidad en las vías, reducir los tiempos de viaje y minimizar los costos logísticos, beneficiando directamente a los usuarios.
En su análisis, la cámara señaló que el equilibrio entre los compromisos contractuales de las concesionarias y las necesidades de los ciudadanos es fundamental. Aunque reconoció la intención del Gobierno de aliviar la carga económica de los usuarios, enfatizó la importancia de mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos viales para garantizar su desarrollo continuo.
La medida anunciada por el Gobierno nacional para suspender temporalmente el incremento de tarifas en determinados peajes durante los primeros meses de 2025 abarcó varias rutas clave del país. Entre ellos se encuentran Fusca, Andes y Unisabana en la Autopista Norte de Bogotá; El Placer en la vía Rumichaca-Pasto; Cisneros y Carmen de Bolívar en Antioquia; un peaje en la ruta Medellín-Urabá; y el de la concesión IP Vías del Nús.
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