En la mañana del 8 de enero de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro puso fin a la polémica nacional sobre su posible asistencia a la cuestionada posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
“Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro...”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X, compartiendo otra publicación en la misma red social de Amnistía Internacional.
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En dicha publicación se menciona a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, excoordinador de Provea (Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos) y miembro permanente de la Asamblea de Provea. Según denuncias de varias ONG y testigos, Correa fue “...interceptado la tarde de este martes en el centro de Caracas, Venezuela, por presuntos funcionarios encapuchados. Desde las 5:00 p. m. se desconoce su paradero...”.
De acuerdo con información publicada por Espacio Público, el equipo legal de la ONG acudió a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, pero los funcionarios negaron que Correa estuviera recluido en sus instalaciones.
La desaparición de Carlos Correa se produce en un contexto de creciente represión en Venezuela, pocos días antes de la juramentación presidencial programada para el 10 de enero.
Carlos Correa, originario de Puerto La Cruz, Venezuela, ha dedicado más de dos décadas a la defensa de los derechos humanos, con un enfoque especial en la libertad de expresión y el acceso a la información. Comunicador social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, comenzó su carrera en la red de radios de Fe y Alegría, donde trabajó durante 13 años, alcanzando el cargo de director.
Durante ese período, impulsó la participación comunitaria en los medios y coordinó programas educativos en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría.
Entre 2001 y 2006, Correa fue coordinador general de Provea, una de las organizaciones más destacadas en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Desde 2002, dirige Espacio Público, una ONG que ha participado en más de 30 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales, denunciando violaciones a los derechos fundamentales en el país.
A lo largo de su carrera, Carlos Correa ha sido víctima de hostigamientos, amenazas y agresiones físicas. En diciembre de 2010, fue atacado por simpatizantes del oficialismo en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde recibió un golpe en la cabeza y amenazas de muerte.
En 2014, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo acusó sin pruebas de tener “intereses ocultos” debido a su labor de denuncia en foros internacionales. Más recientemente, el dictador Nicolás Maduro lo mencionó en tono amenazante durante una transmisión televisiva, criticando su trabajo como activista.
La desaparición de Correa se suma a una serie de detenciones y actos de persecución registrados en los días previos a la juramentación presidencial. Según Espacio Público, este caso es parte de una intensificación de la represión postelectoral que busca silenciar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Entre los detenidos recientes se encuentran el yerno del candidato presidencial Edmundo González y el concejal opositor Jeremy Santamaría.
Organizaciones como Provea han alertado sobre el carácter forzado de la desaparición de Carlos Correa, exigiendo respeto a su vida e integridad, así como su liberación inmediata. “Carlos Correa tiene más de 20 años defendiendo la libertad de expresión y los derechos humanos en Venezuela. Exigimos respeto a su vida e integridad, su paradero y liberación”, señaló la organización en un comunicado.
La desaparición de Correa ha sido denunciada como un intento de silenciar las demandas ciudadanas de respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de junio de 2024. Según Provea, estos actos buscan desmovilizar a quienes exigen el cumplimiento de la Constitución y del Estado de Derecho en Venezuela.
El caso ha generado preocupación en el ámbito internacional, especialmente entre organismos y defensores de derechos humanos que han trabajado con Correa en foros como la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Espacio Público ha reiterado que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de Correa, así como de proporcionar información clara y veraz sobre su paradero.
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