Pastor Alape aseguró que se está formando “un genocidio contra los firmantes” del Acuerdo de Paz en Colombia

Pastor Alape, excomandante de las Farc, expresó su profunda preocupación por la falta de acción del Estado colombiano frente a los asesinatos de firmantes del acuerdo de paz y otras problemáticas que afectan a esta población.

En una entrevista concedida a El Tiempo, Alape resaltó que en lo corrido del año ya se han registrado dos asesinatos de firmantes sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado. También señaló que la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de velar por la seguridad de los excombatientes, ha actuado en contravención del acuerdo al nombrar funcionarios sin cumplir las disposiciones establecidas.

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“Vemos mucha torpeza del director de esta unidad y no hay una reacción efectiva del Ministerio del Interior ni del Gobierno frente al desmonte de estructuras armadas”, afirmó Alape al citado medio. Además, calificó la situación como un “genocidio contra los firmantes” debido a la inacción y el temor que esto genera.

Falencias en la implementación del plan de seguridad

El exmiembro de las Farc enfatizó en la necesidad de implementar el plan estratégico de seguridad y protección, que busca coordinar a las instituciones responsables de garantizar la vida de los firmantes. Sin embargo, según Alape, “no ha sido posible porque no encontramos por parte de los funcionarios de Gobierno una comprensión real de lo que esto implica”.

En este contexto, hizo un llamado a la Fiscalía para que actúe con celeridad, no solo identificando a los autores materiales de los crímenes, sino también a los determinadores.

Advirtió que la acción de diversos actores armados, aunque no coordinada, parece dirigida a generar miedo y obstaculizar el cumplimiento del acuerdo. “Es lo que le pedimos a la Fiscalía: que investigue si detrás de estos hechos hay actores ilegales de gran poder económico que buscan perpetuar la violencia porque sus intereses se fortalecen en la guerra”, dijo Alape a El Tiempo.

Crisis presupuestal y desfinanciación

Otro de los puntos críticos mencionados fue la desfinanciación de las acciones para implementar el acuerdo de paz. Según Alape, la situación se agravó en diciembre pasado, cuando no se entregó la asignación mensual conocida como renta básica, dejando a los firmantes en una situación de precariedad.

“Muchos dependen de esa asignación porque no se ha avanzado en temas de empleabilidad ni en los planes de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN)”, explicó al citado medio.

Además, destacó que los proyectos productivos, una de las bases para la sostenibilidad económica de los excombatientes, no son viables. “Hoy no hay ningún proyecto productivo sostenible; los proyectos se mantienen, pero no garantizan el sustento de los asociados”, aseguró.

En cuanto al presupuesto de la ARN, Alape reveló que se asignaron apenas 95.000 millones de pesos, una cifra insuficiente para garantizar el funcionamiento de la entidad. Esto, según él, marca un retroceso inédito. También responsabilizó al Congreso, que no aprobó los recursos solicitados por el Gobierno. “Reclamamos acciones concretas para resolver esta situación y establecer espacios de comunicación más asertivos”, agregó.

Falta de coordinación en los mecanismos de seguimiento

Alape también cuestionó la falta de coordinación efectiva en el mecanismo encargado de monitorear el cumplimiento del acuerdo. Denunció que el plan de choque iniciado por el Gobierno no contó con la articulación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), lo que llevó a decisiones unilaterales que, aunque ajustadas parcialmente, no han sido suficientes.

“Desde el año pasado no se han realizado encuentros formales de la Csivi. Hubo una reunión puntual con la doctora Laura Sarabia, pero esperamos que este año se reactive la instancia para abordar estos temas de preocupación”, manifestó Alape a El Tiempo.

Finalmente, Alape criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su demora en anunciar las sanciones contra los responsables de crímenes en el conflicto. Argumentó que esta dilación alimenta una narrativa de estigmatización hacia los firmantes. “Las víctimas perciben que hay impunidad. La JEP no puede terminar replicando los errores de Justicia y Paz, extendiendo innecesariamente los procesos”, concluyó.