El Gobierno Nacional de Colombia confirmó que los peajes del país experimentarán tres incrementos en 2025, como parte de un plan para normalizar las tarifas que fueron congeladas en 2023.
Esta medida busca mitigar el déficit financiero generado por la suspensión de los ajustes tarifarios el año anterior, pero ha generado preocupación entre los usuarios, quienes enfrentarán aumentos consecutivos en un corto periodo de tiempo.
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De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transporte, el primer aumento se aplicará el 1 de enero de 2025, con un ajuste del 4.64 %, equivalente al 60 % de la inflación de 2023, que fue del 9.28 %. Posteriormente, el 16 de enero de 2025, se sumará el porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, proyectado en un 5.1 % por el Banco de la República.
Finalmente, el 1 de abril de 2025, se completará el ajuste restante del 3.71 % del IPC de 2023. Este esquema de incrementos busca recuperar el equilibrio financiero de los proyectos viales, pero ha generado críticas por el impacto acumulativo que tendrá en los bolsillos de los conductores.
El Tiempo reportó que los usuarios ya han expresado su malestar por los aumentos en peajes concesionados, como los de Andes y Fusca, en la Autopista Norte de Bogotá, donde las tarifas subieron un 32.7 % desde el 1 de enero de 2025.
Este incremento, que llevó el costo de $11.600 pesos a $15.400 pesos, ha sido atribuido a ajustes previamente pactados en los contratos de concesión, así como a actualizaciones por inflación y obras adicionales. La ministra de Transporte, María Constanza García, explicó que estos incrementos responden a acuerdos establecidos en 2021 para financiar la ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima, proyectos contemplados en la Concesión Accesos Norte 2.
Además, la ministra detalló que el aumento de $3.800 pesos en estos peajes incluye un ajuste de $3.300 pesos por obras pactadas, actualizado por inflación, y 500 pesos adicionales, correspondientes al 4.64 % de la inflación de 2023.
Según El Tiempo, esta situación también se ha replicado en otros peajes del país, como el de Cisneros, en Vías del Nus (Antioquia), que subió un 65 % y ahora cuesta $29.800 pesos, y el de Aburrá, en la Autopista al Mar (Antioquia), que aumentó un 41 %, alcanzando los $29.200 pesos.
El modelo de concesiones viales en Colombia, regulado por la Ley 1508 de 2012, permite que las empresas privadas ajusten las tarifas de los peajes con base en indicadores económicos como el IPC y otros factores relacionados con la operación y mantenimiento de las vías.
Este marco legal, implementado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, busca garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos de infraestructura vial mediante esquemas de Asociación Público-Privada (APP). Sin embargo, estas disposiciones también han permitido que los incrementos en peajes superen los límites establecidos por el Gobierno en casos donde se han ejecutado obras adicionales o se han actualizado tarifas atrasadas.
El modelo de concesiones de Cuarta Generación (4G), lanzado en 2013 bajo la administración de Santos, promovió la modernización de la infraestructura vial del país mediante la participación privada. Este esquema incluyó cláusulas contractuales que vinculaban los ajustes tarifarios al IPC y otros indicadores económicos, permitiendo a las concesionarias recuperar su inversión y obtener rentabilidad a largo plazo. Según El Tiempo, estas disposiciones explican en parte los aumentos actuales en las tarifas de peajes concesionados.
Por otro lado, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha advertido sobre posibles problemas jurídicos relacionados con los incrementos anunciados para 2025.
Según el gremio, existe una norma que establece como plazo máximo para normalizar las tarifas el 31 de diciembre de 2024, lo que podría invalidar los ajustes programados para el próximo año. Además, la CCI señaló que la resolución del Ministerio de Transporte podría afectar la estructura tarifaria de las APP de origen público, generando un efecto acumulativo que requeriría compensaciones por parte del Gobierno, con un posible detrimento del patrimonio público.
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