Gremios del sector energético colombiano lanzaron dura advertencia al Gobierno por apagón en Vichada: “Puede pasar en otras zonas”

Los habitantes de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, enfrentan una crisis energética por problemas financieros en Electrovichada que afectan la continuidad del servicio eléctrico en la región. Según un comunicado emitido por el gremio del sector, a las empresas de comercialización les deben alrededor de $7 billones entre subsidios, opción tarifaria y otros rubros.

Por lo que, el comité intergremial conformado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas) y la Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia), solicitaron con urgencia al Gobierno nacional pagar cuanto antes los valores adeudados por concepto de los subsidios otorgados a los usuarios de energía eléctrica y gas natural durante 2024.

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“Como se ha venido alertando, el sector está en una crisis financiera sistémica previsible que afecta el suministro de los servicios de energía eléctrica y de gas natural para la totalidad de los ciudadanos, en especial para los usuarios de estratos 1, 2 y 3″, puntualizó el comunicado.

En la actualidad, el Gobierno asume el 60 % de las facturas de electricidad en estrato 1, el 50 % y el 15 % en estrato 3. Este es un valor que no se cobra en la factura y que, luego, las empresas reciben del Gobierno. Sin embargo, hace unos 10 meses que el Gobierno nacional no paga estos recursos a las compañías.

Si bien, las empresas vienen haciendo grandes esfuerzos para obtener respaldo financiero a la espera de los giros del Ministerio de Minas y Energía (MME), como se ha hecho en años anteriores, el atraso actual ha desbordado la capacidad financiera de muchas compañías.

El incumplimiento en el pago de los subsidios ya otorgados por las empresas prestadoras podría imposibilitar, según el gremio, que estas continúen otorgando subsidios o pagar a los proveedores de energía, de otros servicios, empleados y demás acreedores.

De hecho, implicará incrementos de la factura, “que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150% o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya está ocurriendo en Puerto Carreño”.

Para José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, “lo del Vichada es un ejemplo de lo que se puede materializar con otras empresas más en Colombia”, advirtió en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con la organización gremial, al cierre de enero del año en curso, el Gobierno tendrá una deuda de $3 billones con las empresas del sector por el pago de subsidios. A lo que se suman las cuentas pendientes por opción tarifaria y el pago de facturas de entidades públicas en todo el país; el déficit podría superar los $7 billones.

“Si el Gobierno no puede asumir los subsidios, es importante que lo manifiesten de manera pública a toda la ciudadanía para que sepa que no van a tener los subsidios, o que se nos diga claramente cuándo van a pagar los subsidios, porque reitero, hay algunas empresas, las más pequeñas, que están en una situación de riesgo similar a lo que viene ocurriendo en el Vichada”, explicó Manzur al medio citado.

Como alternativa, la Universidad de Antioquia avanza en un estudio para el Gobierno tenga información sobre cómo se puede replantear el esquema de subsidios y eliminar el mecanismo por estratos, De este modo, migrar gradualmente hacia un sistema como el Sisbén o el Registro Universal de Ingresos, en el que trabaja el Departamento Nacional de Planeación.