2025 comienza con un fuerte debate en torno al futuro del sistema de salud colombiano, especialmente en lo que respecta al valor de la unidad de pago por capitación (UPC), una herramienta clave para la financiación del sistema.
Luego de que el Ministerio de Salud anunciara que el aumento de la UPC para el año en curso fue de 5,36%, varios exministros y exviceministros de Salud expresaron su preocupación y advirtieron que esta medida podría tener consecuencias graves tanto para los prestadores de servicios como para los pacientes.
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En el comunicado emitido por un grupo interdisciplinario de exfuncionarios se lee que el valor de la UPC pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades prestadoras de salud, incluidas las aseguradoras, hospitales, clínicas y demás actores del sector.
Según los exministros, esta medida representa un “golpe fatal” para un sistema de salud que ya se encuentra en crisis, agravada por la falta de recursos y la presión creciente sobre los servicios médicos.
El principal argumento de los firmantes del comunicado es que el valor para 2025 de la UPC carece de un sustento técnico adecuado y podría llevar al colapso de varios servicios de salud.
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En su opinión, este ajuste no solo afectará a las instituciones de salud, sino que tendrá un impacto directo sobre los usuarios, quienes se verán enfrentados a mayores dificultades para acceder a los servicios y a un aumento en los riesgos para su salud y bienestar.
El nuevo valor de la UPC es vista por los exministros como una medida inconsulta que ignora las necesidades operativas del sistema de salud.
En el texto se destacó que el valor de la UPC no fue actualizado de manera adecuada, lo que ya ha generado tensiones dentro del sector.
El grupo también señaló la intervención de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que actualmente agrupan al 60% de la población colombiana, y la falta de voluntad por parte del Gobierno para solucionar los retos estructurales que enfrenta el sector.
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Por otro lado, los exministros alertaron sobre las consecuencias inmediatas que podría traer el valor de la UPC, pues entre los posibles efectos negativos mencionados, destacaron el incremento de tutelas, un aumento en las peticiones, quejas y reclamos (PQRS), y el cierre de clínicas y centros de diagnóstico.
Además, prevén que muchos servicios médicos podrían ser suspendidos temporal o definitivamente, lo que pondría aún más presión sobre un sistema que ya enfrenta desafíos considerables.
Otro punto crucial que los exfuncionarios resaltaron es que esta decisión podría estar vinculada a un intento del Gobierno de imponer una reforma a la salud sin atender adecuadamente las necesidades operativas del sistema.
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Para los firmantes, las obsesiones ideológicas no deben prevalecer sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos, especialmente cuando las decisiones financieras no garantizan la sostenibilidad del sistema.
Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros hizo un llamado al Gobierno nacional para que reconsidere esta medida y ajuste la UPC de manera que recupere la viabilidad económica del sistema de salud.
Al respecto, argumentaron que es necesario asegurar que tanto los prestadores como los afiliados reciban la atención adecuada y puedan acceder a los servicios de salud sin mayores obstáculos.
Otras críticas del sector salud
De acuerdo con declaraciones de Jorge Toro, director de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Colombia (Unips), el aumento propuesto no se alinea con las necesidades financieras del sistema.
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Toro señaló que esta decisión obligará a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a reducir su capacidad operativa, afectando tanto la oferta de servicios como la implementación de nuevas tecnologías.
“El alza de la UPC decretada por el Gobierno para el 2025 en solo 5,36% obligará a que el sistema de salud colombiano entre en una crisis de operación”.
El director de la UNIPS también destacó que el incremento de la UPC no refleja el aumento en los costos de los productos y servicios necesarios para garantizar la atención médica.
Según sus declaraciones, operar bajo estas condiciones será inviable, ya que las tarifas no corresponden a la realidad económica del sector.
“Será imposible operar un sistema con unas tarifas que no obedezcan a la realidad de los costos de la red prestadora del servicio de salud”.
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