Admiten demanda que busca evitar la expansión de grupos armados ilegales que adelantan diálogos de paz

La acción violenta de grupos armados al margen de la ley en varias regiones del país ha sembrado una seria preocupación en colectivos sociales, que ven cómo algunos actores armados han aprovechado los diálogos de paz con el Gobierno, y con ello decisiones como el cese al fuego bilateral, para expandir su filas a través de la comisión de diferentes delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, la Fundación para el Estado de Derecho ha interpuesto una serie de acciones populares para proteger derechos vulnerados en algunas zonas del país por grupos armados y disidentes.

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El último de estos recursos fue admitido por el Tribunal Administrativo del Huila, en la que se busca proteger los derechos colectivos de los habitantes del departamento, en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad y la expansión de grupos armados ilegales. Según informó la fundación, la acción judicial se centra en la presunta vulneración de derechos como la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso común, entre otros.

De acuerdo con la fundación, la situación de inseguridad en el Huila se ha agravado “luego de que el Gobierno decretara el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional (Cfbtn) con grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central -EMC-2 y la Segunda Marquetalia disidencias de las Farc EP”. Y agregó que estas medidas han permitido que dichas organizaciones expandan su control territorial, lo que ha derivado en abusos contra la población y violaciones a derechos colectivos.

El colectivo enfatizó en su recurso popular, que no busca ser un impedimento para adelantar la política de paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento, sino "evitar que, mientras el Estado colombiano propicia diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las Farc EP, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, se siga permitiendo que estos grupos expandan su control sobre el territorio, cometiendo abusos en contra de la colectividad y violaciones a sus derechos colectivos".

Por ello, estas omisiones han facilitado el fortalecimiento de grupos armados como el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia en el Huila, lo que ha generado un clima de incertidumbre, desplazamientos forzados y hostigamiento tanto a la ciudadanía como a las fuerzas de seguridad.

Según la acción judicial, existe evidencia oficial sobre un aumento en el despliegue armado y el control territorial de grupos ilegales en el Huila durante el periodo de suspensión del cese al fuego. “El pasado 4 de julio de las 2024 autoridades alertaron acerca de posibles incursiones en algunos territorios de nuevos grupos armados por la aparición de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que hasta la fecha no tenía presencia en determinados territorios”, citó la fundación.

Además, la fundación también denunció que las acciones de estos grupos han incluido amenazas de “limpieza social”, desplazamientos masivos y la carnetización de ciudadanos, prácticas que buscan consolidar su control sobre el territorio.

En respuesta a la demanda, el Tribunal Administrativo del Huila solicitó al mandatario del departamento del Huila, así como de los municipios de Neiva, La Plata, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol, que informen sobre las medidas adoptadas para mitigar las afectaciones señaladas. Asimismo, pidió la participación de entidades nacionales como la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa e Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Cabe señalar que, el 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió otra acción popular que busca la implementación de un plan que garantice los derechos y libertades de los araucanos.

Entre las solicitudes de la FED, figura la creación de un equipo especial encargado de rendir cuentas sobre las acciones realizadas para proteger a la población. Dicho equipo estaría compuesto por un representante del Ministerio de Defensa, un delegado de las Fuerzas Militares y un oficial de la Policía Nacional.