Petro defendió Ministerio de la Igualdad: “Lo que matan institucionalmente es la institucionalidad de la mujer y de los jóvenes”

En la mañana del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes en Colombia, el presidente Gustavo Petro se refirió, a través de X, al Ministerio de la Igualdad, del que confirmó no irá más allá de su Gobierno, a no ser que el Congreso de la República, por Ley, prolongue su existencia en el Estado. Exactamente señaló la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible al Ministerio de la Igualdad.

Su comentario fue en cierta medida una respuesta a quienes critican la casi nula ejecución del presupuesto otorgado a la entidad.

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“El ministerio de la igualdad es nuevo. No existía cuando llegue al gobierno ni en el 2023, aparece solo en el presente año 2024, desde cero. Y no había empezado a actuar cuando una sentencia de la corte constitucional le decretó la muerte. Se acaba el 7 de agosto del 2026. A menos que el congreso lo prorrogue con otra ley”, señaló.

Fue ahí cuando defendió a la institución que tiene a Francia Márquez en su dirección. Señaló que, entre otras cosas, el MinIgualdad tiene como propósito ayudar a los más vulnerables de la sociedad, especialmente a las mujeres. Fue ahí cuando lanzó fuertes críticas contra la Corte.

“¿Quien puede hacer un proceso licitatorio así? El objetivo del ministerio son los grupos más excluidos y discriminados de la sociedad colombiana, el mayor de todos: las mujeres. Lo que matan institucionalmente es la institucionalidad de la mujer y de los jóvenes, recién creada. Indudablemente es un golpe al Estado Social de Derecho y a las luchas sociales de Colombia. Por eso mucha gente poderosa quiere que se extinga”, señaló.

Señaló que uno de los proyectos financieros del Gobierno para 2025 es el fortalecimiento de los renglones sociales que tienen dificultades económicas, es decir aquellos en quienes se enfoca el Ministerio de la Igualdad.

“La responsabilidad no es del congreso, tampoco del ministerio de la igualdad, no me atrevería afirmar que es de la corte, aunque debió examinar más la sustancia que la forma. La responsabilidad mayor está en el ministerio de hacienda del año 2023. Y es mía por ingenuidad. Lo que sí es cierto, es que en el 2025. Quizás su único año de existencia, el ministerio en su corta vida y en su muerte decretada, debe demostrar que la función esencial del estado es la suya, la de un estado al servicio de los más humildes y discriminados”, sugirió en su mensaje en X.

La razón por la que Corte Constitucional declaró inexequible al Ministerio de la Igualdad

Esta decisión, que se conoció inicialmente en mayo, se fundamenta en vicios de procedimiento durante el proceso legislativo, específicamente en la falta de un análisis de impacto fiscal conforme a lo estipulado por la Ley 819 de 2003.

La alta corte decidió diferir los efectos de su decisión por dos legislaturas, a partir del 20 de julio de 2024. Esto significa que la Ley 2281 de 2023 dejará de tener efectos jurídicos al finalizar la legislatura 2025-2026, lo que implica la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y del ministerio correspondiente.

“Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”, dice la Corte en su sentencia.

El tribunal, además, encontró que el Congreso de la República no realizó el análisis fiscal necesario para evaluar el impacto económico de la creación del nuevo ministerio, lo que constituye un vicio insubsanable en el procedimiento legislativo.

La Corte destacó que este análisis es esencial para garantizar la estabilidad macroeconómica y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, además de ser un requisito para la aplicación efectiva de las leyes.

Durante el proceso, se argumentó que el informe de ponencia para el primer debate de la ley no cumplió con las reglas de quórum y votación establecidas en la Constitución y la Ley 5ª de 1992.

Sin embargo, la Corte determinó que este cargo no prosperaba, ya que no hubo oposición explícita ni solicitud de votación nominal y pública por parte de los senadores presentes en el momento de la votación ordinaria.