
El Congreso de la República aprobó en junio de 2024 la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Esta se basa en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario) e introducirá modificaciones muy importantes en la gestión de los aportes para la pensión integral de vejez.
La misma introdujo un nuevo cobro que impactará a ciertos pensionados. La medida busca fortalecer el Fondo de Solidaridad Pensional y mejorar la cobertura para los hogares de bajos ingresos en el país, de acuerdo con las disposiciones del nuevo sistema. El descuento se aplicará a partir de julio de 2025, lo que coincide con la entrada en vigor del renovado esquema de pensiones del Gobierno.
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Con esto se confirma que habrá nuevos descuentos a las mesadas más altas en el país. Es así que no todos los jubilados serán sujetos a este cobro. El enfoque está dirigido, de manera específica, a quienes reciben pensiones sustancialmente superiores, lo que asegura que se recaude de aquellos con mayores capacidades económicas.

Según la nueva normativa, los pensionados con ingresos menores a diez salarios mínimos ($13.000.000 en la actualidad) no serán afectados. Por el contrario, quienes perciben entre diez y 20 salarios mínimos legales vigentes ($26.000.000 actualmente) tendrán una deducción del 1 % sobre la mesada, mientras que los ingresos superiores a los 20 salarios mínimos estarán sujetos a un descuento del 2%.
Incremento de cobertura a nivel nacional
El Gobierno nacional busca con esta reforma no solo asegurar el funcionamiento del Fondo de Solidaridad, sino también incrementar la cobertura a nivel nacional. “Este fondo servirá para entregar ayudas, como el bono pensional, a los sectores de ingresos más bajos, un paso hacia un sistema más equitativo”, dice la norma.
Además, la Subcuenta de Subsistencia, a la que irán destinados los recursos recolectados, desempeñará un papel esencial para reducir las desigualdades en el acceso a las pensiones.

El proyecto, liderado por el Ministerio del Trabajo, también establece reglas para las cotizaciones dentro del Pilar Contributivo. “En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, salvo para aquellas personas que cotizan por semanas”, detalla la ley. Dichas disposiciones buscan garantizar un estándar mínimo de contribución, pero al mismo tiempo buscan adaptarse a las dinámicas laborales actuales, donde no todos los trabajadores cotizan mensualmente.
Desafíos legales de la reforma
Aunque la reforma ya fue aprobada, enfrenta desafíos legales en la Corte Constitucional antes de su plena implementación. Existen demandas presentadas en el alto tribunal contra ciertos apartados de la normativa, lo que podría ajustar elementos clave de la norma. Sin embargo, se espera que una vez resueltas las disputas judiciales, el sistema esté en completa operación para mediados del próximo año. Por eso, habrá que esperar la resolución de las demandas para comprender cómo operará esta nueva medida.
El Gobierno de Gustavo Petro argumenta que la reforma mejorará la cobertura para los pensionados al ampliar las bases sobre las que opera el sistema actual. Según la administración, esta ampliación derivará en un modelo más incluyente y garantizará mejores condiciones para los trabajadores de ingresos bajos y medios, quienes históricamente tuvieron un menor alcance a los beneficios previsionales.

En tanto, sectores y sindicatos plantearon reservas en torno al posible impacto en las finanzas de los jubilados con mayores ingresos, por lo que argumentaron que estos descuentos podrían desincentivar el ahorro y la contribución al sistema. Con todo, los defensores del modelo enfatizan que la medida es una redistribución necesaria para reducir la desigualdad en Colombia, uno de los países con mayor brecha económica de la región.
Éxito del modelo pensional
Para el Gobierno, el éxito del modelo depende de su eficiente administración. La Subcuenta de Subsistencia se proyecta como la herramienta central para garantizar que los hogares más vulnerables reciban un soporte económico que les permita mantener condiciones mínimas de vida digna durante su retiro.
Así, el Fondo de Solidaridad Pensional funcionará como un puente entre los ingresos de los jubilados de mayor capacidad económica y las necesidades de los sectores más desfavorecidos del país.
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