Un mayor en retiro fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público, luego de que la Fiscalía General de la Nación realizara la extinción de dominio sobre más de 15 inmuebles bajo su poder.
En total, se ocuparon 12 predios en zonas urbanas y tres en localidades rurales de los departamentos de Tolima (Ibagué) y Atlántico (Barranquilla). La diligencia fue realizada por personal de la Dijín de la Policía Nacional.
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El patrimonio del exoficial provenía de actividades ilícitas relacionadas con el transporte de clorhidrato de cocaína a Europa. Según la investigación, este hombre habría estado al mando de grupos de control y vigilancia en un puerto de la costa atlántica, lo que le habría permitido facilitar el tránsito de cargamentos de estas sustancias hacia diversos destinos internacionales.
Todo lo anterior está respaldado por elementos materiales probatorios presentados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
Los lotes, parqueaderos y apartamentos, cuyo valor asciende a $2.800 millones, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Bienes utilizados para actividades de explotación sexual en Medellín fueron tomados por las autoridades
La Fiscalía General de la Nación tomó el control de varios bienes inmuebles en Medellín, capital del departamento de Antioquia, que eran utilizados para cometer actividades ilegales, entre ellas la explotación sexual de menores de edad y el expendio y consumo de sustancias estupefacientes.
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Los inmuebles, que fueron objeto de medidas cautelares, están avaluados en más de $11.000 millones. Estas medidas, definidas por la Fiscalía, tienen como objetivo asegurar la disposición de los bienes para el procedimiento judicial y garantizar la seguridad de las víctimas y testigos.
La diligencia fue llevada a cabo en el sector de La Candelaria, comuna 10 de la ciudad, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional. Entre las propiedades ocupadas se encuentran hoteles, residencias, hostales, inquilinatos y parqueaderos.
De acuerdo con la Fiscalía, se confirmó que algunos de estos inmuebles ya habían sido objeto de medidas administrativas por parte de la Alcaldía de Medellín y están involucrados en diversos procesos penales. La administración de los predios estará a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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El destino incierto de los bienes incautados a “Pipe Montoya” reaviva la polémica judicial en Colombia
Una colección de relojes de lujo, lingotes de oro y una suma en efectivo que ascendía a 218 millones de pesos colombianos (aproximadamente 53.000 dólares) fueron confiscados en julio de 2019 durante un operativo en una lujosa residencia ubicada entre Suba y Cota, en Bogotá. Estos bienes, valorados en más de 1,2 billones de pesos (unos 300 millones de dólares), pertenecían al narcotraficante Carlos Felipe Toro, conocido como “Pipe Montoya”, heredero del Cartel del Norte del Valle. Sin embargo, su paradero actual es incierto, según reportó el medio Semana, lo que ha generado controversia en torno a su manejo judicial.
El Tribunal de Bogotá ha ordenado recientemente que estos bienes sean sometidos a un proceso de extinción de dominio, una medida que busca garantizar que propiedades adquiridas con recursos ilícitos pasen a manos del Estado. No obstante, el caso ha estado marcado por decisiones judiciales contradictorias. Según detalló Semana, una resolución previa había ordenado la devolución de los bienes a Montoya, argumentando que el allanamiento en el que fueron incautados fue declarado ilegal.
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La ilegalidad del procedimiento se fundamentó en la presencia de menores de edad durante el operativo, sin que se contara con la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia ni del Ministerio Público, como lo exige la normativa colombiana. Este fallo judicial, que favoreció a Pipe Montoya, ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, que sostiene que la irregularidad en el allanamiento no debería justificar la devolución de bienes que tienen un origen ilícito.
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