En un importante anuncio durante su visita al departamento de Casanare, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó los avances en materia de derechos y beneficios para los jóvenes que prestan el servicio militar en Colombia. A partir de enero de 2025, quienes se incorporen a la fuerza pública recibirán una bonificación equivalente al 70% del salario mínimo, un incremento que busca reconocer de manera más justa su labor.
Actualmente, los jóvenes que prestan el servicio militar perciben una bonificación mensual de $650.000, lo que equivale al 50% del salario mínimo. Velásquez señaló que este aumento es un paso importante en comparación con el pasado: “Antes de que llegáramos al Gobierno, la bonificación mensual era de $300.000 pesos. La hemos duplicado”, afirmó. Sin embargo, el funcionario reconoció que aún resulta “insuficiente” y se comprometió a seguir trabajando para mejorar estas condiciones.
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El presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) que, a partir del año 2025, los jóvenes que presten el servicio militar recibirán el pago equivalente al 70% del salario mínimo mensual. Esta medida, anunciada por el ministro de Defensa Iván Velásquez, busca reconocer de manera más justa el esfuerzo de los jóvenes que deciden servir al país.
Además del incremento anunciado, los jóvenes que presten el servicio militar continúan disfrutando de varios beneficios. Entre ellos se incluye el suministro de vestuario para el uso durante su tiempo de servicio, alimentación avalada por estándares del Comité de Nutrición, y un salario mínimo adicional al finalizar su servicio como dotación civil. También tienen derecho a un permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un salario mínimo.
Durante su tiempo en las filas, los conscriptos reciben descuentos en almacenes, restaurantes y tiendas, gracias a alianzas comerciales establecidas por las instituciones. Aquellos que se destaquen como dragoneantes recibirán un reconocimiento económico adicional del 5% del salario mínimo mensual.
El incremento en las bonificaciones forma parte de las modificaciones establecidas en la Ley 2384 de 2024, que actualiza disposiciones de la Ley 1861 de 2017. Este marco legal busca incentivar los derechos y deberes de quienes decidan prestar el servicio militar obligatorio. “Para aquellos que prestan el servicio militar y policial obligatorio, aseguramos que reciban un reconocimiento digno”, expresó Velásquez.
Como parte de la campaña Novenas por la Vida, Velásquez también compartió un balance del año para la Fuerza Pública. En 2024, 19.753 nuevos uniformados se incorporaron, incluyendo 5.834 soldados del Ejército y 12.769 policías. Según el ministro, estos esfuerzos fortalecen la seguridad y la protección de las comunidades en todo el país.
El objetivo a largo plazo, según Velásquez, es garantizar que al término del Gobierno de Gustavo Petro, en agosto de 2026, todos los soldados regulares y auxiliares de policía reciban al menos un salario mínimo mensual. Este compromiso representa un avance significativo hacia el reconocimiento y dignificación de la labor de los jóvenes que deciden prestar el servicio militar en Colombia.
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Conforme a la Ley 1891 de 2017, las personas damnificadas por el conflicto armado en Colombia están exentas de prestar el servicio militar obligatorio. Esta normativa, que regula el reclutamiento, control de reservas y movilización, establece que quienes son reconocidos como víctimas no están obligados a integrarse a las filas de la Fuerza Pública.
El deber constitucional de prestar servicio militar, según el artículo 4 de la Ley 1861 de 2017, aplica a todos los colombianos, al alcanzar la mayoría de edad, como una contribución al cumplimiento de los fines del Estado. No obstante, las víctimas del conflicto representan un grupo poblacional protegido por disposiciones especiales que les otorgan este beneficio.
En una actualización operativa realizada el 5 de diciembre de 2023, la Unidad para las Víctimas, en conjunto con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, definió el procedimiento para el desacuartelamiento de quienes se encuentren en proceso de incorporación. El comandante de la Unidad Militar, o su equivalente en la fuerza pública, deberá verificar si el ciudadano cumple las condiciones para la exoneración.
Por otro lado, el ciudadano interesado debe expresar su condición de víctima, y la normativa aclara que no es necesario presentar el certificado de acreditación, simplificando así el trámite para garantizar este derecho.
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