En medio de serias acusaciones de irregularidades, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha anunciado que pedirá la suspensión formal de un contrato por más de 42 mil millones de pesos, destinado a la instalación de plantas desalinizadoras en La Guajira. La solicitud será presentada en una audiencia pública prevista para el 23 de diciembre, con el objetivo de proteger los recursos públicos ante la creciente evidencia de posibles anomalías.
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Contrato en el centro de la polémica
El contrato en cuestión, firmado el 9 de febrero bajo la dirección del entonces titular de la Ungrd, Olmedo López, tenía como propósito principal la construcción de tres plantas desalinizadoras para llevar agua potable a los corregimientos de Bahía Honda, Irraipa y Puerto López, así como la formulación de un proyecto similar para Puerto Estrella. Sin embargo, las crecientes denuncias de irregularidades han puesto en jaque su ejecución.
El actual director de la Ungrd, Carlos Carrillo, informó que existen sospechas de interés indebido y sobrecostos en la adjudicación del contrato, lo que ha derivado en investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control. Este contrato también fue señalado en el marco de las audiencias judiciales contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, quienes enfrentan imputaciones por hechos de corrupción.
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Recursos aún no desembolsados
A pesar de la magnitud del contrato, la Ungrd ha confirmado que hasta el momento no se ha realizado ningún desembolso de los recursos comprometidos. Sin embargo, Carrillo destacó que el contratista está ejerciendo presión para que los pagos sean efectuados, una situación que ha llevado a la entidad a tomar medidas cautelares.
“Debemos garantizar que los recursos públicos no se utilicen de manera indebida. Por eso, hemos decidido no proceder con ningún desembolso mientras persistan estas sospechas. Las circunstancias actuales nos obligan a actuar con firmeza y transparencia”, señaló Carrillo.
Impacto en las comunidades de La Guajira
El proyecto original buscaba atender una de las necesidades más críticas en La Guajira: el acceso a agua potable para comunidades históricamente marginadas. La instalación de estas plantas desalinizadoras pretendía ofrecer una solución sostenible a la crisis hídrica en los corregimientos beneficiados.
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Sin embargo, las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y la solicitud de suspensión del contrato han generado incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Para las comunidades de Bahía Honda, Irraipa, Puerto López y Puerto Estrella, la paralización de esta iniciativa representa un golpe significativo, ya que el acceso al agua potable sigue siendo una necesidad insatisfecha.
Medidas cautelares y próximos pasos
La UNGRD planea utilizar la audiencia pública como un espacio para justificar la suspensión del contrato y evitar posibles daños al patrimonio público. Según la entidad, esta medida responde no solo a la necesidad de proteger los recursos, sino también a las dudas que genera la legalidad del proceso contractual.
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El caso se suma a una serie de cuestionamientos que han afectado la gestión de recursos en proyectos críticos para el desarrollo regional. La Ungrd reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.
“Aunque el contratista está exigiendo el pago, nosotros no pensamos desembolsar esos recursos, por eso necesitamos solicitar esta suspensión, debemos proteger los recursos públicos y estas plantas generan demasiadas sospechas”, afirmó Carrillo.
Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan que las autoridades puedan garantizar una solución que permita avanzar en el acceso a servicios básicos esenciales, como el agua potable, sin que los recursos destinados a estos proyectos se vean comprometidos por actos de corrupción.
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