El expresidente de la República, Gustavo Petro, recibió una sanción de alrededor de 15 salarios mínimos el lunes 27 de abril de 2026 por desacatar un fallo judicial que le ordenaba retractarse de acusaciones públicas contra Jaime Miguel González Montaño, exdirector de la EPS Coosalud, según determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La sentencia del Tribunal exigió que el entonces mandatario presentara excusas públicas y se retractara, utilizando la red social X y una alocución presidencial. El documento formal estableció que el procedimiento buscaba salvaguardar “el amparo de los derechos fundamentales, al buen nombre y debido proceso por las razones ya expuestas”. El plazo fijado fue de cinco días desde la notificación, de acuerdo con la providencia.
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Las afirmaciones de Petro fueron publicadas en su cuenta oficial de X, donde señaló: “El señor exgerente es un corrupto y los miembros de la junta directiva deben ser procesados por la Fiscalía”. El político colombiano sostuvo que una auditoría forense determinó que se garantizó un préstamo a empresas vinculadas a la gerencia por más de $200.000.000.000 con respaldo de fondos públicos.
Meses después de incumplir la orden judicial, Noticias RCN reveló el memorial presentado por Gustavo Petro en el que finalmente aceptó retractarse de las acusaciones realizadas contra las directivas de Coosalud.
En el documento, el líder del Pacto Histórico aclaró que sus afirmaciones corresponden a denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y que no constituyen una declaración de culpabilidad penal, reconociendo el principio de presunción de inocencia del señor Jaime Miguel González Montañez a la espera de un fallo judicial.
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“(...) En cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de noviembre de 2025 informo: mis afirmaciones sobre Coosalud EPS y su expresidente Jaime Miguel González Montaño se refieren a hechos que denuncié ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de diciembre de 2025, que también denunció el agente interventor de la EPS y que investiga la Fiscalía 39 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Ninguna de mis expresiones es una declaración de responsabilidad penal. Esa decisión corresponde exclusivamente a los jueces, y mientras no exista sentencia en firme, el señor González Montaño se presume inocente. (...)”, puntualiza el oficio.
No obstante, la parte afectada, representada por el abogado Julián Quintana, manifestó al medio citado que no aceptará dicha retractación por considerar que no subsana el daño reputacional ocasionado por más de diez mensajes difamatorios.
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Tribunal suspendió intervención del gobierno Petro en Coosalud EPS
El magistrado Luis Miguel Villalobos ordenó la suspensión provisional de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre Coosalud EPS S.A. y dispuso devolver la administración a sus propietarios, al concluir que el plan estatal no corrigió los problemas económicos y administrativos de la aseguradora, que tiene sede principal en Cartagena y 3.337.343 afiliados.
La providencia suspendió ambas disposiciones y ordenó restablecer las condiciones administrativas previas mientras se adopta una decisión definitiva. La resolución estableció: “Restablecer las cosas al estado en que se encontraban al momento de la expedición de los actos cuya suspensión se ordena, hasta tanto se defina de fondo la presente acción”.
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La entidad, que opera bajo un modelo solidario y cooperativo, había recibido una orden de devolución en abril de 2024. Sin embargo, meses después fue sometida nuevamente a una toma de posesión y a una intervención forzosa.
El expediente contemplaba la posibilidad de adoptar una determinación sobre el futuro de la aseguradora en un plazo de 20 días. Villalobos resolvió anticiparse al considerar que existían hechos posteriores que podían afectar a los usuarios.
La Supersalud confirmó que acatará la orden y comenzará las actuaciones administrativas necesarias para devolver el control de la EPS a sus antiguos directivos. La transición será gradual para preservar la atención de los afiliados y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la aseguradora.
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