Sandra Ortiz aseguró que una mujer poderosa cercana al presidente armó un “complot” y estaría detrás del caso de corrupción en la Ungrd

En una audiencia llevada a cabo en Bogotá, la juez tercera penal municipal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las Regiones, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante la diligencia, Ortiz hizo graves señalamientos contra Laura Sarabia, ex jefa de gabinete de la Presidencia, acusándola de estar detrás de un “complot” que la llevó a su situación actual.

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En ese sentido, Ortiz aseguró que fue víctima de una persecución orquestada desde la Presidencia de la República: “Ese show que armaron en presidencia durante más de dos semanas, en todo el país, en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Yo sé que querían un chivo expiatorio, porque sí hubo corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y en muchos funcionarios implicados”, afirmó durante su intervención ante la juez.

“Esa persona, que tiene mucho poder en la presidencia, que es una mujer (...) Esa persona tiene mucho poder, y está al lado del presidente. Ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá”, aseguró Ortiz en lo que sería una referencia directa a Laura Sarabia.

La exfuncionaria enfatizó que fue utilizada como una figura para desviar la atención sobre hechos de corrupción más amplios en la entidad y expresó su preocupación por la seguridad de su familia y su equipo legal, insinuando que quienes están detrás de este complot poseen altos niveles de influencia en el Gobierno.

Según Ortiz, Sarabia habría utilizado su posición en el Gobierno para influir en las investigaciones en su contra, colaborando con altos funcionarios de entidades clave. “Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad, porque ella me armó ese complot”, añadió Ortiz.

La exfuncionaria aseguró que su papel fue únicamente de generadora de alertas sobre posibles irregularidades en la compra de carrotanques para la región. En su declaración, detalló que había enviado reportes a Laura Sarabia, actual jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre 10 carrotanques adicionales que contenían información irregular, evidenciando un patrón preocupante.

“Yo generaba unas alertas mensuales, donde también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo soy incapaz de quitarles un vaso de agua a los niños de La Guajira. Eso es mentiroso de esos señores (Olmedo López y Sneyder Pinilla)”, aseguró Ortiz durante su declaración.

El caso que tiene la Fiscalía en contra de Ortiz es sólido, pues se le acusa de haber sido el enlace de Carlos Ramón González, exjefe del Dapre, y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, para entregar 3.000 millones de pesos en dádivas al entonces presidente del Senado, Iván Name, que presuntamente habría favorecido los intereses del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, advirtió la fiscal María Cristina Patiño.

La versión de Ortiz se registró luego de que su defensa insistiera en esta debe permanecer bajo una medida de seguridad especial, solicitando que sea trasladada a una guarnición militar en lugar de la cárcel. Sin embargo, la Fiscalía mantiene su postura de que Ortiz representa un riesgo para el proceso judicial en curso, ya que podría influir en los testigos o afectar el desarrollo de las diligencias, lo que justificaría su permanencia en prisión.