Exconsejeros de Estado respaldan a las cortes ante las críticas de Petro: “Desconoce la función del poder judicial”

Un conglomerado de 38 exconsejeros de Estado manifestó su apoyo al pronunciamiento emitido por la Sala Plena del Consejo de Estado el pasado 16 de diciembre. En dicha declaración, la corporación rechazó las críticas realizadas por el presidente Gustavo Petro hacia sus decisiones judiciales, subrayando la necesidad de preservar la autonomía y la independencia del poder judicial como principios esenciales del sistema democrático.

La posición adoptada por los exmagistrados enfatiza la relevancia del respeto a las decisiones judiciales, especialmente por parte de las autoridades públicas. Este principio no solo sostiene el equilibrio institucional, sino que también garantiza el adecuado funcionamiento del Estado de derecho.

Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como Libardo Rodríguez, Gabriel Valbuena y Óscar Darío Amaya, quienes suscribieron un comunicado reafirmando la legitimidad de los fallos y actuaciones del Consejo de Estado, los cuales consideran fundamentados en los lineamientos de la Constitución y la ley.

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En el texto, los exconsejeros destacaron que la aceptación de las decisiones judiciales por parte de todos los ciudadanos, y particularmente de los altos funcionarios, constituye un eje central para la estabilidad democrática. Este llamado cobra mayor relevancia cuando proviene del jefe de Estado, quien tiene la responsabilidad de actuar en consonancia con los principios fundamentales del orden jurídico.

La Sala Plena del Consejo de Estado, encabezada por su presidente, Milton Chaves García, también expresó su preocupación frente a las acusaciones que han calificado los fallos de la corporación como actos con intereses políticos o incluso como “golpes blandos”. Estas afirmaciones, señalaron, ignoran la función primordial del poder judicial, que opera de manera independiente y sin presiones externas.

Los pronunciamientos reiteran la importancia de una justicia autónoma para el equilibrio entre los poderes del Estado y el fortalecimiento de la democracia. En un contexto donde las instituciones enfrentan retos significativos, este respaldo se posiciona como un recordatorio del compromiso con la defensa de la independencia judicial y el respeto por las normas que rigen la vida democrática del país.

“Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”, concluyeron.

“No se nos puede imponer la censura”: lo que había dicho Petro

El lunes 16 de diciembre de 2024, los magistrados del Consejo de Estado, liderados por Milton Chaves, presidente del alto tribunal, expresaron su rechazo a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro frente a las decisiones emitidas por este tribunal.

En un comunicado, los togados mencionaron que las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones están ajustados a la Constitución y a la ley, orientados por los principios de autonomía e independencia judicial.

“La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”, manifestó Chaves.

Ante ello, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para referirse al comunicado del alto tribunal, y enfatizó en que, si bien respeta las decisiones emitidas por el Consejo de Estado, no puede configurarse como una restricción a su derecho a la libertad de opinión.

“Toda decisión será respetada menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El rifirrafe entre el mandatario y los magistrados del alto tribunal comenzó el 12 de diciembre de 2024, cuando el jefe de Estado, a través de una publicación en redes sociales, cuestionó la decisión de anular la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, por doble militancia.

El presidente Petro sostuvo que el fallo refleja un intento de frenar el cambio político en Colombia, y lo calificó como un acto de “perfidia”, así como una estrategia de “lawfare”, término que utiliza para referirse al mal uso de la justicia con fines políticos.

“La justicia debería ser la vanguardia en la defensa de los derechos del pueblo, así siempre lo creí. Pero no es justicia si lo que se mata son los derechos del pueblo. Colombia necesita jueces justos para acabar con su violencia y desigualdad”, comentó el mandatario colombiano en su cuenta de X.