Empresa vinculada al ‘cartel de los carros blindados’ se quedó con millonario contrato de la Unidad Nacional de Protección

El contrato firmado el 4 de diciembre de 2024 para la adquisición de 64 camionetas blindadas para la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha generado controversia debido a la participación de empresas vinculadas a escándalos de corrupción.

La Unión Temporal Albo-Blink es un consorcio que ha sido objeto de críticas por su vinculación con el denominado “cartel de los carros blindados”. Esta red de corrupción está bajo investigación por la Fiscalía, y se le acusa de prácticas ilegales en la compra de vehículos blindados, de acuerdo a la investigación del medio Cambio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de las advertencias de la Procuraduría sobre la falta de competencia en el proceso y las exigencias en los pliegos que excluyeron a empresas nuevas, las condiciones del contrato no fueron modificadas. Como resultado, el consorcio Albo-Blink se benefició de este proceso, lo que ha alimentado aún más la polémica sobre la transparencia y la legalidad de la adquisición.

El contrato de 28.774 millones de pesos no solo ha reavivado las críticas por los posibles conflictos de interés, sino que también ha levantado preocupaciones sobre la forma en que las exigencias de experiencia en los pliegos favorecieron a las empresas ya involucradas, impidiendo la participación de nuevos oferentes.

Según el medio mencionado, la firma del contrato incluyó un anticipo del 50% y pagos adicionales a medida que se avanza en el proceso de adquisición.

La controversia comenzó cuando, en un primer intento, el proceso de compra se realizó a través de un contrato interadministrativo, pero en junio de 2024 fue declarado desierto debido a presuntos vínculos de un contratista con Andrés Sarabia, hermano de la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

Este hecho motivó la cancelación de ese proceso y el inicio de investigaciones sobre posibles irregularidades. A raíz de ello, surgieron nuevas preocupaciones sobre la participación de empresas relacionadas con el “cartel de los carros blindados”, un escándalo que involucra la compra ilegal de vehículos blindados y que está siendo investigado por la Fiscalía.

En medio de las dudas sobre los contratos, la UNP debe reforzar la seguridad de políticos en Arauca

Lina María Garrido, representante por Arauca y vicepresidenta de la Cámara, ha logrado que el Juzgado 67 Administrativo de Oralidad del circuito judicial de Bogotá falle a su favor en una tutela que solicitaba el refuerzo de su seguridad.

La congresista había denunciado que la Unidad Nacional de Protección (UNP) había reducido sus medidas de seguridad mediante una resolución emitida el 24 de octubre de 2024, según informó un medio de comunicación.

La representante, quien ha sido amenazada en tres ocasiones por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresó su preocupación por la disminución de su esquema de protección.

En una conversación con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, Garrido afirmó que este le restó importancia a las amenazas diciendo: “Tranquila, en este momento no están matando congresistas”. Estas declaraciones fueron recogidas por el medio de comunicación.

El fallo del tribunal ordena a la UNP restablecer el esquema de seguridad de Garrido, compuesto por tres vehículos blindados y dos personas de protección, además de implementar una persona adicional para su seguridad. Este esquema deberá mantenerse hasta que se realice un nuevo estudio de riesgo, según lo dispuesto en la sentencia.

Asimismo, se instruye a la UNP a realizar un nuevo estudio de seguridad en un plazo de treinta días, teniendo en cuenta las recomendaciones del comité CERRAM adscrito a la Policía Nacional, según el fallo citado por el medio.

En sus redes sociales, Garrido manifestó que la ley ha reconocido su lucha y ha protegido sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal.

A pesar de su desagrado por los esquemas de seguridad y los vehículos blindados, la congresista del partido Cambio Radical señaló que las amenazas en su contra y contra su familia la obligan a aceptar estas medidas de protección, debido a lo que considera una condescendencia del gobierno con los grupos terroristas.