El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, lamentó que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes hayan hundido el proyecto de ley de financiamiento o nueva reforma tributaria con la que el gobierno de Gustavo Petro buscaba recaudar hasta $9,8 billones con el fin de financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN), cuyo monto de $523 billones fue negado por el Congreso.
Según el funcionario, con esta movida, la corporación propinó un duro golpe a la transición energética, pero, principalmente, a millones de colombianos de clase media y baja. Así lo dio a conocer por medio de X en donde explicó los efectos que habrá en materia tarifaria para servicio de energía, impuesto de renta, entre otros.
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Sobre la opción tarifaria, manifestó que, para abril de 2024, los estratos 1, 2 y 3 tenían un saldo acumulado de, aproximadamente, $2,6 billones de cuentas por pagar a las comercializadores de energía eléctrica, correspondiente esta fórmula creada en 2020 para evitar incrementos abruptos de las tarifas.
Al respecto, reconoció que “el proyecto otorgaba la competencia al Gobierno nacional para asumir los saldos no cobrados por la aplicación de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, con el objetivo de disminuir el alza de las tarifas de energía eléctrica de estos hogares”.
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De igual manera, enumeró los siguientes impactos:
- Bono fiscal por inversiones en Proyectos de Generación:
El proyecto establecía un nuevo mecanismo para que las empresas que hagan inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales puedan deducir el 50% de la inversión en el impuesto de renta en un periodo de hasta 15 años.
- Deducción del impuesto de renta:
La deducción del impuesto de renta se habría podido hacer por medio de la emisión de bonos de transición energética que las empresas podrían negociar libremente en el mercado, reduciendo la carga fiscal y obteniendo liquidez por la venta de los bonos.
Ante esto:
- Reduciría los costos y aumentará la competitividad de las nuevas empresas en el mercado de energías renovables.
- Favorecería el desarrollo de proyectos innovadores.
- Fomentaría la diversificación de la matriz energética.
- Exención de IVA para generación de energía con fuentes no convencionales:
La Ley 1715 de 2014 estableció la exclusión del IVA de los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la pre-inversión e inversión, para la generación de energía a partir de las fuentes no convencionales. El proyecto proponía cambiar esta exclusión del IVA por una exención, para evitar los sobrecostos que enfrentan las empresas nacionales al no poder recuperar el IVA pagado y que los ha incentivado a importar.
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De esta forma, la medida buscaba:
- Fortalecer la competitividad de las empresas nacionales.
- Reducir la dependencia del país de las importaciones.
- Crear un entorno más favorable para el desarrollo sostenible de proyectos de generación con Fncer y la autosuficiencia energética.
- Colombia Solar (techos solares):
El proyecto otorgaba al Gobierno nacional la facultad de redirigir los recursos para subsidios de las tarifas de energía eléctrica para financiar infraestructura de paneles solares.
Esto permitiría:
- Democratizar el acceso a la energía de los hogares de los estratos 1, 2 y 3.
- Reducir las tarifas de los usuarios.
- Generar ahorros fiscales de hasta $1,5 billones de pesos en 2030.
Se preveía alcanzar un millón de hogares, iniciando la instalación de soluciones fotovoltaica en 2025 y concluyendo en 2030.
- Incorporación de componente verde dentro de la regla fiscal:
En la actualidad existe una brecha de financiación para la adaptación, mitigación y conservación de la biodiversidad, así como para la descarbonización de la economía.
El proyecto establecía un componente verde en la regla fiscal como estrategia para reducir este pasivo ambiental. Con esto se incentivaba inversiones que desde la transición energética justa aportan a la transformación productiva del país y a la sostenibilidad ambiental y social.
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