Les prometieron botes a los pescadores, pero no les han llegado: el Gobierno había anunciado 283 embarcaciones con una millonaria inversión

El Gobierno nacional prometió la entrega de 283 botes a los pescadores más vulnerables del país, un proyecto que ha sido objeto de escrutinio debido a presuntas irregularidades en su ejecución.

Según informó W Radio, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, adjudicó un contrato por 14.948 millones de pesos para la entrega de equipos de pesca a diversas asociaciones, sin pasar por un proceso de licitación pública.

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El contrato fue otorgado directamente a Red Summa, una alianza de instituciones de educación superior que actualmente está bajo investigación de la Procuraduría y que carece de experiencia en la fabricación de embarcaciones.

La directora de la Aunap, Karen Elena Mejía Piñeres, firmó un convenio interadministrativo con esta entidad el 14 de agosto de 2024, evadiendo la ley 80 que regula la contratación pública en Colombia.

El contrato estipula la entrega de un anticipo del 50% del valor total, es decir, más de siete mil millones de pesos, sin que los botes hayan sido entregados.

Los equipos de pesca prometidos incluyen noventa corvinas y noventa motores de 40 caballos de fuerza para pesca marina, 83 canoas y 83 motores de 15 caballos de fuerza para pesca continental, y 110 canoas con 110 motores de 6 caballos de fuerza para pesca en ciénaga.

La ubicación de Red Summa, según el certificado de Cámara y Comercio, es una casa en el barrio Polo, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para cumplir con el contrato. Hasta el momento, la empresa no ha respondido por la falta de entrega de las embarcaciones.

De acuerdo al medio mencionado, la Aunap ha sido cuestionada anteriormente por contratos con otras entidades, como el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral (Foncolombia), denunciado por el director del DNP, Alexander López.

En respuesta a las consultas del medio mencionado, la Aunap afirmó que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024, y que están realizando labores de seguimiento y verificación para salvaguardar los recursos y cumplir con las comunidades pesqueras beneficiarias.

Lo último que se sabe de la Ley 2268, la norma para los pescadores artesanales

En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo ha señalado que las medidas estipuladas en la Ley 2268 de 2022, diseñada para proteger a los pescadores artesanales en Colombia, aún no han sido implementadas, a pesar de que su plazo venció el pasado 5 de agosto.

Esta ley, que busca garantizar la integridad y sostenibilidad socioeconómica de los pescadores, estableció varios plazos y responsabilidades a diversas entidades, las cuales no han cumplido con sus compromisos.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca junto con otras entidades territoriales, debía formular planes de ordenamiento pesquero a nivel nacional, conforme al Artículo 7 de la ley.

Además, el Departamento Nacional de Estadística (Dane), en colaboración con la Aunap, debía realizar un censo de pescadores para su carnetización, según lo dispuesto en el Artículo 10.

También se esperaba que el Ministerio de Trabajo diseñara un mecanismo de protección especial para los pescadores cesantes, carnetizados y censados, garantizando su acceso a la seguridad social durante los periodos de veda, según el Artículo 12.

A pesar de la participación activa de la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, y sus esfuerzos por facilitar el diálogo con las comunidades afectadas, las autoridades responsables no han implementado las estrategias ordenadas por la ley.

En este contexto, la falta de implementación de la Ley 2268 de 2022 ha provocado que los pescadores artesanales enfrenten dificultades adicionales, como la inseguridad laboral y la falta de acceso a servicios de salud y protección social.

La demora en la ejecución de los planes de ordenamiento pesquero y la ausencia de un censo actualizado también obstaculizan la identificación de las necesidades del sector.

Las comunidades pesqueras han expresado su frustración por la falta de compromisos concretos, lo que pone en riesgo su sostenibilidad y el futuro de sus actividades económicas.