Continúa la controversia que surgió en el sector salud tras las acusaciones del presidente Gustavo Petro y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) contra Coosalud EPS. Las declaraciones señalan presuntos desvíos de recursos públicos por parte de la entidad, hechos que fueron desmentidos categóricamente por Jaime González Montaño, presidente ejecutivo de la Cooperativa Coosalud.
El 6 de diciembre, el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano, presentó un informe en el que se denunciaba el uso indebido de recursos de Coosalud EPS. Según el documento, en diciembre de 2022 se suscribió un contrato de crédito entre el Banco Sudamérica y Coosalud Inversa, una filial de la cooperativa. La entidad figuraba como garante del crédito, lo que, según la corporación estatal, comprometería recursos públicos, por lo que aseguró que el incumplimiento del contrato en noviembre de 2024 activó cláusulas que obligaron la transferencia de más de 206.000 millones de pesos.
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El presidente Petro, a través de redes sociales, lanzó varias pullas, como que Coosalud EPS era dirigida por familias potenciales uribistas y mencionó que entre los directivos de la entidad se encuentran familiares de figuras públicas como Andrés Pastrana (expresidente de Colombia), Francisco “Pacho” Santos (Exvicepresidente de Colombia) y César Negret (militante del Partido Liberal). Según el mandatario, estas personas habrían aprobado decisiones que desviaron recursos destinados a la atención en salud.
Presidente ejecutivo de la Cooperativa Coosalud hizo frente a la situación
La Junta Directiva de Coosalud EPS rechazó estas acusaciones y emitió un comunicado solicitando al presidente Petro retractarse de sus afirmaciones, calificándolas como “injuriosas y calumniosas”. La entidad sostuvo que no se usaron recursos de la salud de forma irregular ni se ha autorizado el uso de dineros públicos para respaldar préstamos bancarios.
Por su parte, Jaime González Montaño, presidente ejecutivo de la Cooperativa Coosalud, detalló la posición de la entidad. El directivo aclaró que la operación bancaria cuestionada fue realizada por Coosalud Inversa, una filial creada en 2017 como parte de un plan de reorganización institucional aprobado por la misma Supersalud. El objetivo de dicho plan era garantizar la sostenibilidad financiera mediante capitalizaciones y endeudamientos en un contexto de crisis estructural del sistema de salud.
“Los recursos utilizados para garantizar el crédito provienen del patrimonio propio de la EPS, el cual no está compuesto por recursos públicos”, aseguró González. Además, explicó que los fondos se destinaron al fortalecimiento de reservas técnicas y no afectaron la atención a los afiliados.
González enfatizó que la operación financiera fue una medida necesaria para afrontar la crisis de liquidez que afecta al sector salud desde 2022, atribuida al no reconocimiento de ajustes en los presupuestos máximos y los recursos adeudados por la Ley de Punto Final. Según el directivo, Coosalud EPS empleó recursos propios para garantizar la atención médica de su población afiliada, actuando incluso como financiadora del sistema en momentos críticos.
El comunicado también abordó la decisión del Banco Sudamérica de ejecutar las garantías. González afirmó que esta acción no se debió a un incumplimiento del crédito, sino al pánico generado por las declaraciones del presidente Petro sobre una posible intervención de Coosalud EPS.
Autoridades iniciaron una investigación
La Supersalud confirmó que el caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y que no puede emitir más declaraciones al respecto. Sin embargo, reiteró los hallazgos revelados en su informe inicial, los cuales, según la entidad, justifican un examen detallado de las operaciones financieras de Coosalud EPS.
“Internamente también se puede constatar con datos ciertos, todas las atenciones que ha recibido la población enferma de acuerdo con su condición. Solicitamos que se haga una evaluación técnica de las garantías y el origen de los recursos (sic)”, se lee en el comunicado.
Mientras tanto, Jaime González Montaño instó a las autoridades a realizar una evaluación técnica y objetiva sobre el origen y destino de los recursos implicados. “Como ciudadanos corporativos, y en mi nombre propio, actuaremos conforme a la ley para defender nuestros derechos”, concluyó.
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