Durante un operativo, la Policía de Santander en coordinación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), desarticuló a la banda delincuencial Los Manatíes, señalada de traficar estupefacientes y venderlos especialmente entre menores de edad, en los municipios de Guaca, Málaga y San Andrés.
La operación incluyó seis allanamientos simultáneos, que resultaron en la captura de siete personas, todos con órdenes judiciales vigentes por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y suministro a menores.
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Entre los capturados, cuatro son originarios de la provincia de García Rovira y tres del área metropolitana de Bucaramanga. Según las autoridades, esta organización ilícita generaba ingresos de más de 20 millones de pesos mensuales, trasladando drogas desde Bucaramanga hacia los municipios afectados.
En medio de los operativos, las autoridades incautaron equipos de comunicación, grameras, tarjetas SIM y bolsas herméticas, elementos que eran utilizados para dosificar y distribuir las sustancias. La banda criminal utilizaba la modalidad de domicilios y puntos estratégicos en parques, zonas recreativas y cercanías de colegios, lo que incrementaba su alcance en los sectores más vulnerables.
Uno de los líderes de la banda, conocido como Mocho, se posicionaba como el principal dinamizador del grupo, coordinando la comercialización y distribución de las drogas.
La captura de Los Manatíes es el resultado de cuatro meses de investigación en los que las autoridades recopilaron pruebas contundentes sobre la operación de esta red, que tenía como objetivo principal captar consumidores jóvenes en entornos educativos y espacios públicos.
Las autoridades resaltaron que este golpe es clave para desarticular redes criminales que afectan a las comunidades en Santander y aseguraron que continuarán con acciones similares para garantizar entornos más seguros en la región.
Cayeron 10 presuntos integrantes de estructura criminal que vendía droga a estudiantes en Bogotá
En un operativo realizado por la Policía Nacional en Bogotá, fueron capturadas diez personas señaladas de pertenecer a una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, especialmente dirigida a menores de edad, y vinculada a varios homicidios en la localidad de Suba, una de las más extensas y pobladas de la capital.
Según la Fiscalía General de la Nación, esta organización, liderada por Romario Vides García, alias Indio, y José Vicente Pérez, alias Polo, tenía un esquema bien estructurado para la distribución de drogas, operando en horarios estratégicos que coincidían con la salida de estudiantes de los colegios, alrededor de las 12:00 p. m. y las 6:00 p. m.
Los enfrentamientos violentos con otras bandas criminales por el control territorial de la zona habrían dejado un saldo de múltiples asesinatos, lo que llevó a las autoridades a intensificar las investigaciones para desmantelar esta red delictiva.
Uno de los aspectos más sorprendentes del caso fue el uso de tecnología avanzada, como drones, para espiar a bandas rivales y mantener el control de las operaciones en su territorio. Este elemento evidenció el nivel de sofisticación de la organización, que iba más allá del expendio de drogas y utilizaba métodos poco comunes en este tipo de actividades ilícitas.
Durante las interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación, los agentes descubrieron detalles de la dinámica interna de la banda. En una de las conversaciones, un expendedor recurrió a su esposa, quien tenía vínculos cercanos con el líder del grupo, para mediar en un conflicto interno, lo que reflejó el clima de temor y control que ejercían los cabecillas sobre sus subordinados.
Las autoridades lograron incautar drogas, dispositivos tecnológicos y evidencias que serán clave para el proceso judicial contra los detenidos. Este golpe representa un paso significativo en la lucha contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad y el bienestar de los habitantes de Bogotá.
La Fiscalía anunció que continuará trabajando para llevar ante la justicia a los responsables y garantizar la seguridad en los sectores más afectados por el microtráfico en la capital.
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