El proyecto hidroeléctrico Urrá en Córdoba, Colombia, se encuentra en el centro de un escándalo tras la denuncia de presuntas irregularidades que involucran a figuras cercanas al gobierno.
La denuncia fue recibida por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el 28 de septiembre, y posteriormente remitida a la Fiscalía en octubre. La acusación señala a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer, como posibles implicados, según lo informó Semana.
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La denuncia detalla que David Cerón y Luz Amparo Muñoz Petro, amigos de Nicolás Alcocer, tienen un contrato significativo en la hidroeléctrica a través de su empresa Luxim Ingeniería S.A.S., que forma parte del consorcio Luxpower 2022 junto con Powerchina International Group.
Aunque el contrato se originó bajo la administración de Rafael Piedrahíta y el gobierno anterior, Cerón habría estado “amenazando” para obtener beneficios en licitaciones, aprovechando su relación con Alcocer.
El contrato, firmado el 21 de julio de 2021 por 76.058.498.700 pesos, tenía como objetivo la construcción del Parque Solar Urrá 19,9, que debía estar operativo en septiembre de 2022. Sin embargo, el parque aún no ha sido inaugurado formalmente.
Tras la firma, el consorcio presentó múltiples reclamos a Urrá, exigiendo millones de dólares por supuestas afectaciones económicas, citando incluso la guerra entre Rusia y Ucrania como un factor.
Semana accedió a documentos que prueban el contrato de los amigos de Alcocer y muestran cómo, a pesar de su inexperiencia, solicitaron compensaciones económicas significativas.
En diciembre de 2022, Enrique Kerguelen, gerente técnico ambiental de Urrá, negó las adiciones solicitadas, señalando la lentitud en el avance del proyecto y la falta de experticia del consorcio.
En marzo de 2023, Kerguelen reiteró la inviabilidad de los reclamos, aclarando que los pagos realizados cubrían cerca del 80% del contrato. A pesar de esto, en enero de 2024, los contratistas cercanos a Alcocer insistieron en que el desequilibrio financiero requería un ajuste de 60.900 millones de pesos.
Urrá contrató una consultoría externa para revisar el caso, concluyendo que, aunque algunas reclamaciones eran válidas, no se debía entregar la suma exigida. A pesar de los problemas, la empresa de Cerón sigue participando en procesos licitatorios en Urrá.
El escándalo también ha puesto en el foco la relación entre los contratistas y el interventor del contrato, Leonardo Boon, que aparece en redes sociales compartiendo con Cerón y Muñoz. La denuncia sugiere un posible conflicto de interés, ya que la empresa de Cerón ha intentado obtener desembolsos adicionales para un contrato con avances deficientes.
El caso ha generado especulaciones sobre un posible “fuego amigo” dentro de Urrá, donde se disputan el control de la hidroeléctrica. La posibilidad de una adquisición por parte de Ecopetrol, cuyo presidente está implicado en la denuncia, añade complejidad a la situación. La revista mencionada intentó contactar a los involucrados, pero no obtuvo respuesta.
El exministro Bonilla expone potenciales actos ilegales que sacuden el sector eléctrico
El 5 de diciembre de 2024, Ricardo Bonilla, quien recientemente dejó su cargo como ministro de Hacienda, presentó una denuncia que involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro.
La acusación se centra en presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa Urrá S.A., encargada de la comercialización de energía de la central hidroeléctrica Urrá 1.
Según informó Infobae, Bonilla acusa a Roa y Alcocer de intentar influir en la adjudicación de contratos dentro de Urrá S.A. Sin embargo, la empresa del sector energético ha respondido a estas acusaciones mediante un comunicado oficial. En este documento, Urrá S.A. niega haber recibido presiones de parte de Roa o Alcocer para favorecer a terceros en la entrega de contratos relacionados con proyectos de transición energética.
El comunicado de Urrá S.A. enfatiza que no ha habido ningún tipo de presión en la adjudicación de contratos ni en la venta de energía. Además, la empresa asegura que las autoridades pertinentes han verificado que sus acciones se han llevado a cabo dentro del marco normativo colombiano.
La denuncia de Bonilla ha generado un revuelo mediático, y Urrá S.A. ha tenido que defenderse de las acusaciones de irregularidades en la entrega de contratos. La empresa sostiene que ha actuado conforme a la ley y que las investigaciones pertinentes han confirmado su cumplimiento normativo.
Este caso pone de relieve las tensiones políticas y empresariales en Colombia, especialmente en el contexto de la transición energética y la gestión de recursos estratégicos como la energía hidroeléctrica. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades continúen investigando las acusaciones para esclarecer los hechos.
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