La Corte Suprema de Justicia ordenó una prueba grafológica en el caso que involucra a la congresista Karen Manrique, que está bajo investigación por presuntamente recibir dádivas a cambio de emitir conceptos favorables para créditos solicitados por el Gobierno nacional.
La oficina de la representante fue inspeccionada para encontrar documentos escritos de su puño y letra, con el objetivo de compararlos con una lista de congresistas que, según Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Manrique habría anotado en una libreta.
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La defensa de la congresista sostuvo que los escritos en la libreta pertenecen a otra persona, lo que añade un nuevo giro al caso. La investigación se centra en determinar si Manrique actuó como coordinadora de un grupo de congresistas que, supuestamente, buscaban beneficios en el Ministerio de Hacienda a cambio de sus opiniones favorables.
La Corte Suprema de Justicia intensificó sus esfuerzos para esclarecer los hechos, y la prueba grafológica se presenta como un paso crucial en el proceso.
Este tipo de análisis permitirá verificar la autenticidad de los documentos y establecer si realmente fueron escritos por Manrique, lo que podría tener implicaciones significativas en el desarrollo del caso.
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La situación ha generado un interés considerable, dado que involucra a una figura pública en un contexto de presunta corrupción. La investigación sigue en curso, y se espera que los resultados de la prueba grafológica arrojen luz sobre las acusaciones que pesan sobre la congresista.
La Corte Suprema indaga a la congresista Karen Manrique por contratos irregulares en el escándalo Ungrd
El pasado 2 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a la congresista Karen Manrique, que fue mencionada en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). La investigación se centra en determinar su posible implicación en contratos irregulares que, según se alega, beneficiarían a ciertos congresistas.
La inspección judicial a la oficina de la congresista Karen Manrique realizada el miércoles 4 de diciembre, buscaba pruebas que pudieran vincularla con las acusaciones.
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La investigación se centró en dos aspectos principales. En primer lugar, los investigadores buscan documentos que contengan la caligrafía de Manrique para compararla con la escritura en una libreta perteneciente a Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
López afirmó que Manrique escribió los nombres de los congresistas que se beneficiarían de los contratos. Sin embargo, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, declaró a la Fiscalía que fue él quien escribió los nombres de los municipios y los valores de los contratos en la libreta, no Manrique.
En segundo lugar, la Corte Suprema también busca información sobre presuntas reuniones entre Manrique, López y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dejó su cargo el 4 de diciembre debido a su implicación en el escándalo. Según López, estos contratos fueron acordados con la aprobación de Bonilla, quien dirigía la cartera económica en ese momento.
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El abogado de Manrique, Andrés Garzón, defendió la inocencia de su clienta, afirmando que todas sus acciones estuvieron dentro del marco legal. Garzón también señaló que no hubo contratos ni desembolsos de dinero, y que las acusaciones de López son falsas. Además, resaltó que la congresista actuó debidamente autorizada por la ley.
El caso ha generado gran interés debido a la magnitud de los contratos involucrados, que suman cerca de 92.000 millones de pesos, destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). La investigación también implicó a otros congresistas, quienes fueron llamados a declarar por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
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Hasta el momento, Manrique, junto con los congresistas Wadith Manzur y Liliana Bitar, han comparecido ante la Corte, aunque optaron por guardar silencio. Se espera que en los próximos días también comparezcan Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
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