
Hasta la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, fue rastreado un estafador experto en la modalidad “tío - tía”, que operaba en el departamento del Caquetá, pero se refugiaba en la capital colombiana.
Así lo dio a conocer el comandante del gaula militar de Cundinamarca, Óscar Reyes, en diálogo con el matutino de Arriba Bogotá: “En el marco del plan Ayacucho, el Gaula militar de Cundinamarca, adscrito a la 13 brigada del ejército, realizó en las últimas horas la captura, en conjunto con el Gaula de la Policía Caquetá, de un sujeto en la localidad de Suba. Mediante el delito de extorsión llamaba a sus víctimas y bajo la modalidad de tío o tía se hacía pasar por la autoridad para manifestar que su familiar se encontraba en calidad de detenido por alguna circunstancia y hacía exigencias económicas para dejarlo en libertad”.
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Tras recabar información sobre la familia afectada, el sujeto volvía a contactarse y actuaba como agente de Policía que, con un tono conciliador, trataba de ”ayudar” al “tío o tía” de la víctima, a cambio de dinero.

Motivo por el que “el delincuente, fue procesado por el delito de extorsión agravada, inicialmente en el área del Caquetá y posteriormente en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá. En esta modalidad, los delincuentes abordan a los familiares de sus víctimas, haciéndose pasar por un tío o tía para extraer información y, posteriormente, presentan una historia ficticia en la que fueron detenidos por un accidente, porque llevaba drogas o llevaban armas. Entonces, hacen una exigencia económica para poder dejarlo en libertad”.
Preocupa que los casos de extorsión bajo el mismo modus operandi podrían aumentar en la temporada de fin de año, pero el comandante Reyes recordó que las autoridades “no hacen favores por dinero” y de encontrarse en una situación parecida y dudar, es posible comunicarse con el Gaula Cundinamarca:
“Esta modalidad está disparada debido a la época que estamos cruzando y por eso invitamos a todos los ciudadanos, en Bogotá y Cundinamarca, a que hagan uso de nuestra línea gratuita 147, donde un comando Gaula, junto con un integrante del CTI de la Fiscalía General de la Nación, van a asesorarlo o recibir sus denuncias, referentes al tema de extorsión y secuestro”.
Tenga cuidado si piensa comprar carro: 60 personas perdieron 1.700 millones en otra modalidad de estafa
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró desmantelar una red de estafadores que engañaba a ciudadanos mediante falsas ofertas de remates de vehículos. Los operativos se realizaron en Bucaramanga y Floridablanca, en el departamento de Santander, el 21 de noviembre de 2024. En la acción fueron capturados tres presuntos miembros de la organización ilegal, quienes habrían estafado al menos a 63 personas en diferentes departamentos de Colombia.
Los involucrados, identificados como José Andrés Landazábal Dueñas, Nubia Victoria Pabón Chilito y Orlando García, enfrentan cargos por concierto para delinquir y estafa agravada en modalidad masa. Las autoridades encontraron pruebas clave durante los operativos, incluyendo 24 tarjetas SIM, cinco teléfonos celulares, un computador portátil y varios documentos relacionados con la actividad delictiva, como certificaciones bancarias y títulos valores.
La investigación reveló que la red operaba principalmente a través de redes sociales, donde publicaban supuestos catálogos de remates judiciales y bancarios de vehículos. Las víctimas, atraídas por los precios aparentemente bajos, contactaban a los estafadores, quienes les enviaban documentos falsificados, como letras de cambio y contratos comerciales, para dar la apariencia de legalidad. Las personas engañadas eran convencidas de realizar pagos anticipados, llegando incluso a transferir hasta el 50% del valor del vehículo. Sin embargo, nunca recibían los autos prometidos ni recuperaban sus dineros.
Hasta el momento, se han presentado 37 denuncias de afectados que residen en ciudades y municipios de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Cesar, Caldas, Atlántico y Valle del Cauca. El monto de las pérdidas denunciadas por las víctimas supera los 1.700 millones de pesos.

Como resultado de las imputaciones, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres detenidos, quienes deberán enfrentar el proceso judicial por sus presuntos delitos.
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