ONU llamó la atención a Colombia por “inacción” frente a las amenazas contra Francisco Vera

Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una comunicación al Gobierno de Colombia expresando su preocupación por las persistentes amenazas y ataques digitales dirigidos contra Francisco Vera, un niño defensor de derechos humanos y activista ambiental.

Pero, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales, los riesgos y la falta de medidas efectivas para proteger su integridad continúan siendo motivo de alarma.

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Francisco Vera, de 15 años, ha sido reconocido internacionalmente por su labor en defensa del medio ambiente y los derechos de los niños. Fundador del movimiento “Guardianes por la Vida”, ha participado en eventos internacionales como la COP26 y la COP27. Sin embargo, desde 2019 ha enfrentado una serie de amenazas de muerte y ataques en redes sociales que se intensificaron tras su activismo público.

En 2021, tras recibir amenazas en su país, Francisco y su familia se exiliaron en España bajo un programa de protección para defensores de derechos humanos. Sin embargo, según informes recibidos por la ONU, Francisco Vera sigue recibiendo cientos de ataques en las redes sociales, concretamente en X, a través de fotos manipuladas que lo presentan como “guerrillero, terrorista y otras acusaciones falsas e indignantes”. Escribió personalmente a la Fiscalía General de Colombia sobre los ataques, pero aún no ha recibido respuesta.

“Nos preocupa, además, que muchos de estos ataques digitales habrían sido iniciados o agravados por personalidades políticas de Colombia, algunos de ellos con cargos de elección popular. Debido a la percibida inacción frente a tales ataques, se habrían extendido también fuera de Colombia e incluso habrían alcanzado España, lugar de exilio de Francisco Vera y su familia”, señalaron los relatores en la carta dirigida al Gobierno de Colombia.

En la comunicación enviada por los relatores el 29 de agosto de 2024, se subrayó la inacción percibida frente a estas amenazas, lo que ha permitido que se extiendan incluso fuera de Colombia. Entre los casos destacados, señalaron que en marzo de 2024 se publicaron comentarios que vinculaban a Francisco con el presidente Gustavo Petro, acompañado de imágenes manipuladas y discursos violentos. Además, enfatizaron la obligación del Estado colombiano de garantizar la seguridad de Francisco y su familia.

Respuesta del Gobierno colombiano

El Gobierno de Colombia respondió a la ONU el 29 de octubre, indicando que ha adelantado investigaciones desde 2021. Según la Fiscalía General de la Nación, se han realizado allanamientos, interceptaciones telefónicas y labores de vecindario para identificar a los responsables de las amenazas, aunque sin resultados concluyentes. También se informó sobre la apertura de nuevas investigaciones y la solicitud de medidas de protección, como el uso de botones de pánico y escoltas.

No obstante, los relatores señalaron que las acciones preventivas y de protección han sido insuficientes. “Los niños defensores de derechos humanos enfrentan desafíos desproporcionados, y la falta de una respuesta efectiva pone en riesgo no solo a Francisco, sino a su familia y a otros jóvenes activistas”, afirmaron en su carta.

Un llamado a la acción contundente

La comunicación de la ONU incluyó preguntas específicas al Gobierno de Colombia sobre las medidas adoptadas para proteger a Francisco Vera, investigar las amenazas y prevenir futuras violaciones. Entre las recomendaciones, instaron a articular campañas de sensibilización y a garantizar un entorno seguro para los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos en el ámbito ambiental.

Por su parte, la madre de Francisco sigue denunciando los ataques a la Fiscalía colombiana, aunque asegura que no ha recibido respuestas satisfactorias. “El acoso digital y las amenazas contra él no cesan, y las medidas actuales no son suficientes para garantizar su seguridad ni la de nuestra familia”, expresó en comunicación con los relatores.

Este caso refleja la creciente vulnerabilidad de los jóvenes defensores de derechos humanos en un contexto de alta polarización política y social. La falta de resultados tangibles en las investigaciones y la persistencia de los ataques resaltan la necesidad de una acción más decidida por parte del Estado colombiano y de la comunidad internacional.