Congresista aceptó su responsabilidad en secuestros y pidió perdón ante la JEP: “Di la orden con fines de canje humanitario”

A comienzos de septiembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a siete antiguos integrantes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la ejecución de secuestros cometidos en varias regiones del país.

Entre los acusados se encuentra Pedro Baracutao, actual representante a la Cámara por el partido Comunes. Los crímenes abarcan 314 casos, incluidos los de figuras públicas como el excongresista Óscar Tulio Lizcano, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el consejero de paz Gilberto Echeverri.

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En un documento de 503 páginas, conocido por Blu Radio, los imputados aceptaron su responsabilidad en los secuestros, pidieron perdón a las víctimas y detallaron algunos de los casos, como el del excongresista Óscar Tulio Lizcano, que fue secuestrado en Río Sucio, Caldas, el 5 de agosto del año 2000, y permaneció en cautiverio durante ocho años.

Al respecto, los comparecientes reconocieron las difíciles condiciones de salud que enfrentó Lizcano durante su secuestro, incluyendo el sufrimiento por paludismo y la falta de medicamentos adecuados para tratar su enfermedad de próstata.

“Antes de la muerte del comandante Iván Ríos, se propuso al Secretariado su liberación porque sus condiciones de salud se hacían más complejas y queríamos propiciar una liberación digna (...). Sin embargo, su liberación se vio frustrada, lo que generó en él sentimientos de impotencia, desesperanza e indefensión”, explicaron en el documento.

Por su parte, el secuestro y asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y el consejero de paz Gilberto Echeverri también fueron reconocidos por los comparecientes. En este caso, Pedro Baracutao aclaró que no tenía mando directo sobre las unidades responsables, aunque se disculpó ante la familia del gobernador.

“A pesar de nuestros esfuerzos, nos quedamos cortos para regresarle una mínima parte de lo que les arrebatamos con su partida (...). Usted quedó sola y debió afrontar situaciones difíciles a las que no estaba acostumbrada y que, con valor y entereza, superó”, señalaron en una disculpa dirigida a la esposa de Gaviria.

“Fueron crímenes injustos”: reconoció Pedro Baracutao

Pedro Baracutao, comandante del Frente 34, entre 2008 y 2017, y también integrante del Estado Mayor del Bloque, entre 2014 y 2017; aceptó su responsabilidad por los secuestros y reconoció que algunas unidades bajo su mando incurrieron en graves crímenes contra las víctimas.

“Reconozco que, debido a las dinámicas del conflicto, di la orden de privar de la libertad a personas con fines de aseguramiento para así lograr el control territorial (...). Fueron crímenes injustos que marcaron vidas y, en muchos casos, las terminaron”, expresó Baracutao en el documento conocido por el medio citado.

Por su parte, Jhoverman Sánchez, conocido como “El Manteco”, aceptó haber emitido “órdenes tácticas” y reconoció que no previno, castigó ni sancionó actos no amnistiables cometidos por sus subordinados. En su declaración, lamentó profundamente el sufrimiento causado a las víctimas y sus familias.

“La zozobra del cautiverio, la posibilidad de morir en cualquier momento, el distanciamiento de sus familias y la incertidumbre de no saber cuándo volverían fueron realidades desgarradoras que lamento profundamente”, afirmó Sánchez.

Solicitudes de los comparecientes a la JEP

En las últimas páginas del documento, los comparecientes solicitaron a la JEP el reconocimiento de su participación en los crímenes y pidieron modificaciones en las imputaciones, basándose en precisiones sobre sus roles dentro de las Farc. Entre las peticiones de Pedro Baracutao está la eliminación de la atribución de responsabilidad de mando y el cambio de su rol de “máximo responsable por liderazgo regional” a “partícipe no determinante”.

Asimismo, instaron a la JEP a garantizar su seguridad y la de otros firmantes de la paz, argumentando que el resurgimiento del conflicto armado en el noroccidente del país pone en riesgo sus vidas e impide la búsqueda de personas desaparecidas.

El reconocimiento de los delitos y el pedido de perdón representan un paso en el proceso restaurativo liderado por la JEP, pero deja abiertas preguntas sobre las garantías de no repetición y el impacto de las medidas de justicia transicional en las víctimas y sus familias.