Petro criticó al gobernador de Antioquia por impuesto al recibo de la luz: “Lo más regresivo que se puede hacer”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer una propuesta con la que busca implementar un impuesto de seguridad para luchar contra la delincuencia, que se cobrará por medio de los recibos de servicios públicos.

“El volumen de recursos tiene una destinación específica, en tecnología, en convivencia y en levantar la infraestructura, en la construcción de la cárcel, en darle a Medellín y al Valle de Aburrá más recursos para que pongan cámaras LPR (lectores de matrículas) y PTZ (Panorámica, Inclinación y Zoom)”, declaró.

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Esta iniciativa generó el rechazo de varios de los sectores políticos de la región, señalando que no hay garantías jurídicas para su aprobación. La bancada del movimiento Creemos, liderada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se opuso al nuevo tributo.

En ese sentido, sostuvo que aunque la seguridad es importante para el departamento, se deben buscar otro tipo de mecanismos para fortalecerla. Según la colectividad, aumentar las tarifas a los ciudadanos generaría un deterioro en la cultura de pago y la pérdida de ingresos fundamentales para el territorio.

Frente la propuesta de la tasa especial de seguridad del gobernante local, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para expresar su posición. En su cuenta de X afirmó que este tipo de proyectos son contrarios al desarrollo y crecimiento social de los colombianos.

“Un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo”, se lee en la publicación. A su vez, aseguró que afectará de manera directa a los habitantes de Antioquia, puesto que contarían con menos recursos económicos para adquirir bienes como los productos de la canasta familiar.

“Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajdore(a)s en Antioquia”, indicó.

¿Qué dice EPM al respecto?

El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, aseveró que el proyecto del gobernador de Antioquia no es viable, puesto que no cuenta con las garantías legales para su implementación. Asimismo, dijo que este cobro podría estar viciado de nulidad en caso de que se intente aplicar.

“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte”, sostuvo.

Desde su perspectiva, advirtió que “esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, conllevando conflictos legales, reclamaciones frente a su inclusión en la factura de servicios públicos domiciliarios e investigaciones administrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, derivados de la falta de una base normativa sólida que sustente la obligación del recaudo”.

Bajo la misma línea, el ejecutivo informó que otro de los impedimentos para la inclusión del impuesto en el recibo de la luz es la falta de una ‘ley habilitante’ que otorgue la autoridad a la gobernación de imponer dicha tarifa.

“La sentencia C-363 de 2023, aunque declara la exequibilidad de la Ley 2272 de 2022, no revivió la facultad general que las entidades territoriales tenían previamente para imponer la tasa prevista en la Ley 1421 de 2010″.

En ese sentido, Maya explicó que para hacer posible la inclusión de esta tarifa en el valor a pagar por el servicio eléctrico es necesario que se sancione una ley nacional que controle la inclusión de los recargos.

Así las cosas, “aportar dicha obligación sin una ley que la respalde acarrearía un vicio de nulidad, sustentado en el artículo 243 de la Constitución Política, el cual establece que ninguna autoridad puede reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo mientras subsistan en la carta política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”, aseguró.