Se trata de Harvey Arellano Cerda, intendente de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, que fue acusado de violar datos personales agravados, según la Fiscalía General de la Nación.
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De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía General de la Nación, el policía señalado de tener nexos con el Clan del Golfo habría aprovechado su posición para acceder, sin autorización, a los sistemas de la entidad y extraer datos relevantes y reservados.
“Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que el uniformado, al parecer, aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública en el departamento”, dice el comunicado emitido por el ente acusador.
La investigación reveló que el uniformado proporcionaba detalles sobre los movimientos y operativos de las autoridades a la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. Esta acción permitía a los líderes del grupo evadir las acciones de las fuerzas del orden y proteger sus finanzas ilegales.
El fiscal encargado del caso, perteneciente a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó cargos contra Harvey Arellano Cerda por el delito de violación de datos personales agravado.
El policía aceptó voluntariamente la acusación, es decir, se declaró culpable. Como medida cautelar, el juez de control de garantías dictó arresto domiciliario para el intendente.
Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para desmantelar las redes de apoyo tanto armadas como financieras del Clan del Golfo en la Costa Atlántica. La colaboración de miembros de las fuerzas de seguridad con grupos ilegales representa un desafío significativo para la seguridad en la región.
Patrulleros de la Policía condenados por corrupción
En un caso que refleja la corrupción dentro de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos patrulleros fueron condenados por exigir dinero a cambio de no judicializar a una mujer.
Según la Fiscalía General de la Nación, los patrulleros Mauricio Rafael Peñates Osorio y Sergio Ascanio Estévez recibieron una condena de ocho años de prisión por el delito de concusión. Este incidente ocurrió el 5 de diciembre de 2020, cuando ambos oficiales intentaron recibir $400.000 de un hombre al que habían exigido un millón de pesos para evitar su procesamiento legal.
El caso se desarrolló en el noroccidente de Medellín, donde la víctima, que se desplazaba en motocicleta junto a su novia, solo tenía $600.000 en ese momento. La pareja del hombre aprovechó la situación para denunciar el acto ilegal ante las autoridades, lo que llevó a la captura de los patrulleros involucrados.
En un incidente separado, el patrullero Alexandro Cantillo Rodríguez fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por peculado por apropiación.
Este caso se remonta al 18 de diciembre de 2017, cuando Cantillo intentó apropiarse de $1′140.000 incautados a tres hombres capturados en flagrancia durante un hurto. Según la Fiscalía General de la Nación, Cantillo intentó ocultar el dinero en su chaleco institucional, lo que llevó a su detención por parte de otros miembros de la fuerza pública.
Estos casos, aunque independientes, subrayan un problema persistente de corrupción dentro de la policía local. La intervención de la justicia ha sido crucial para sancionar estos actos y enviar un mensaje de cero tolerancia hacia la corrupción en las fuerzas del orden. La Fiscalía General de la Nación ha destacado la importancia de estas condenas como un paso hacia la transparencia y la integridad en las instituciones de seguridad.
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