
La situación fiscal del país comienza a generar gran preocupación, especialmente por la caída de los ingresos provenientes del petróleo, el impacto de las reformas tributarias y el incremento de la deuda pública. Estos factores han alarmado a expertos y analistas, quienes no observan señales positivas en el panorama fiscal.
En este contexto, varios exministros de Hacienda han advertido sobre el riesgo de incumplir la regla fiscal, lo que podría desencadenar un aumento desmedido de la deuda pública.
Con el objetivo de estabilizar las finanzas, el Gobierno implementó un primer ajuste en junio de 2024, recortando 20 billones de pesos, el cual buscaba contrarrestar el bajo recaudo tributario registrado en abril. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, ya que el gasto público sigue siendo elevado y la inversión en sectores clave para el crecimiento económico no ha aumentado significativamente.
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Los analistas coinciden en que la disminución de la inversión, sumada al gasto creciente, creó un panorama difícil para la economía del país. Las alertas sobre esta situación se fueron haciendo cada vez más sonoras, y el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) también expresó nuevas preocupaciones.
En 2024, la entidad alertó sobre los retos fiscales, presupuestales y de caja que el Gobierno debía enfrentar debido a una disminución en los ingresos en comparación con lo que había sido previamente proyectado. Según la información proporcionada, los ingresos totales se estimaron en 74,1 billones de pesos, lo que representa apenas un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando por debajo de lo establecido en el Presupuesto General de la Nación para 2024.
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El Carf, en su análisis, explicó que “según los parámetros de la estructura de la regla fiscal (RF), los componentes del ciclo económico y petrolero, junto con las transacciones de única vez, permiten que COP 18 billones (1,1 % del PIB) de la caída de los ingresos no se traduzcan en un ajuste de gasto, sino en mayor déficit”.

Debido a esta situación, la entidad recomendó realizar una reducción adicional de 56,2 billones de pesos, equivalentes al 3,2 % del PIB, dentro del Presupuesto de la Nación. Esta medida es considerada crucial para lograr un equilibrio fiscal en un panorama económico complicado. Además, el Consejo Asesor de la Regla Fiscal (Carf) destacó que el Gobierno enfrenta diversas inflexibilidades que limitan su capacidad para efectuar un ajuste fiscal sostenido.
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Según los cálculos del Carf, entre 2019 y 2023, el 83,6 % del gasto fue inflexible, lo que deja poco margen para una reestructuración significativa del presupuesto.
Entre las inflexibilidades más relevantes mencionadas por la entidad se encuentran el gasto relacionado con el pago de intereses, las pensiones, el Sistema General de Participaciones, los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gasto en defensa y los recursos destinados al sector salud. Estas áreas, de acuerdo con el Carf, son de difícil ajuste y representan una gran parte del gasto público.
Asimismo, a medida que se acerca el final del año, los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal han aumentado debido a la caída del recaudo tributario y al incremento del gasto primario. Según los expertos, el saldo disponible en la Tesorería se mantuvo por debajo del promedio histórico durante gran parte del año. “Se observa que el saldo disponible en pesos de la Tesorería se ha mantenido por debajo del promedio histórico buena parte del año”, señalaron. Además, advirtieron que este problema podría agravarse si se acumula un rezago presupuestal de 2024 para ejecutarse en 2025.
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El Comité también alertó sobre la incertidumbre en los ingresos programados para 2025, estimando un riesgo de recaudo menor de 33,3 billones de pesos, lo que representaría una caída de 22,6 billones respecto a lo registrado por la DIAN. A esto se suma la incertidumbre por la Ley de Financiamiento que el Gobierno planeaba presentar en el siguiente período legislativo.
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