Piden la revisión de cámaras en el Senado tras irregularidad en votación: “Es bastante bochornoso”

La votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en sustitución de Antonio José Lisarazo, se vio empañada por una irregularidad que provocó un fuerte debate en el Congreso. Durante la jornada, que se desarrollaba con aparente normalidad, surgió un incidente que involucró una discrepancia entre el número de votos emitidos y los congresistas presentes en el Senado, ya que, mientras que se registraron 103 votos, solo 102 senadores estaban en la sesión, lo que desató una serie de cuestionamientos y llevó a varios legisladores a pedir una revisión exhaustiva de las cámaras de grabación.

La elección, que terminó en un empate entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo con 50 votos cada uno, se vio empañada por la aparición de un voto extra. Aunque la diferencia de un voto no parece significativa, el hecho de que el número de papeletas superara al de los presentes en la sala despertó sospechas sobre posibles irregularidades durante el proceso de votación.

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Ante la situación, la comisión escrutadora decidió invalidar la votación, lo que obligó a los senadores a recurrir nuevamente a las urnas para decidir quién ocupará el puesto vacante en la Corte Constitucional.

La situación no pasó desapercibida para los miembros del Congreso, que rápidamente expresaron su preocupación por lo ocurrido. El senador Juan Carlos Garcés, miembro de la comisión encargada del escrutinio, trató de calmar los ánimos al sugerir que el incidente fue un simple “accidente”, bajo el argumento de que uno de los tarjetones había sido marcado y el otro, aparentemente, no tenía ninguna marca, al sugerir que solo fue que se quedó pegado; sin embargo, su explicación no fue suficiente para disipar las dudas y las críticas sobre la transparencia del proceso.

La senadora Angélica Lozano, que también estuvo presente en la votación, fue una de las más críticas de lo sucedido, pues en un espacio ante la plenaria del Senado, relató su propia experiencia con el sistema de votación. Explicó que, debido a un error personal al marcar su tarjetón, tuvo que devolver el voto dañado para obtener uno nuevo.

Con su relato, la senadora intentó explicar que devolvió el tarjetón dañado, tal como lo exige el procedimiento, y que luego le entregaron uno nuevo; sin embargo, señaló que lo ocurrido no estuvo bien debido a la persona que realizó esa acción dudosa: “Esto que es bastante bochornoso, se llama fraude, alguien hizo fraude”.

“Esto no es de poca monta. Esto se llama fraude. Alguien manipuló el sistema para que yo pudiera votar de nuevo”, afirmó la senadora. Lozano solicitó, en consecuencia, que se revisaran las grabaciones de todas las cámaras del Senado, incluyendo las de los medios de comunicación que cubrían el evento, para esclarecer si el incidente fue un error “intencional” o simplemente un descuido.

En respuesta a la creciente controversia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que se levantaría la sesión sin emitir un pronunciamiento final sobre los hechos. Esta decisión solo exacerbó los ánimos entre los congresistas, que continuaron discutiendo y acusándose mutuamente de haber cometido irregularidades durante el proceso de votación.

Algunos de los senadores criticaron la calidad de los tarjetones utilizados, argumentando que eran demasiado delgados y vulnerables a manipulaciones. Otros exigieron una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad que habían registrado el momento de la votación.

“Se ha hablado de fraude, de revisión de cámaras. Hay quienes sostienen que el procedimiento no fue el adecuado, y se mencionó que los tarjetones eran muy delgados”, comentó Cepeda, que intentó calmar la situación al anunciar que se tomarían medidas para garantizar la transparencia del proceso. “Para dar las garantías, se revisarán las cámaras, se emitirán nuevos tarjetones y se instalará un cubículo de votación adecuado. Por ahora, se levanta la sesión”, concluyó.

La solicitud de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad fue un claro reflejo de la desconfianza que existe entre los legisladores respecto a la transparencia del proceso de votación, especialmente cuando se trata de una elección tan crucial como la de un magistrado de la Corte Constitucional.