Lo que habría detrás del nombramiento de 18 exlíderes de las AUC como gestores de paz: “Están acomodando fichas para las presidenciales de 2026″

No para la controversia en el país desde que el presidente Gustavo Petro dio vía libre martes 12 de noviembre a 18 exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para convertirse en gestores de paz, en medio de su estrategia para alcanzar la “paz total” que prometió desde que llegó a la Casa de Nariño.

De hecho, la designación de estos excomandantes, muchos de los cuales han cumplido condenas o aún están en prisión, puso sobre la mesa varias dudas sobre su capacidad para influir en los territorios. Además, según un reciente informe publicado por El Colombiano, se especula si esta medida podría ser una estrategia para ganar votos en las elecciones presidenciales de 2026.

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Incluso, algunos funcionarios y abogados que representan a antiguos líderes paramilitares ven en esta iniciativa una oportunidad para obtener beneficios judiciales y representación política. Sin embargo, expertos en el tema expresaron su preocupación por la politización del proceso de paz en Medellín, y en Colombia, sugiriendo que la designación de los excomandantes es una táctica electoral.

“Toda la paz de Medellín la están politizando, no ha pasado nada, y ahora están acomodando fichas para las presidenciales de 2026, lo mismo pasa con los excomandantes paramilitares, esa es una movida para buscar votos”, comentó un abogado a El Colombiano, que ocultó su nombre por razones de seguridad.

Pero otros defensores argumentan que estos antiguos líderes podrían contribuir a los procesos de paz en regiones víctimas de violencia, como el Bajo Cauca antioqueño, donde el conflicto con grupos como el Clan del Golfo y Los Caparros es recurrente.

Sin embargo, la idea de considerar a los paramilitares como actores políticos, similar a los guerrilleros, ha sido discutida. Según expertos consultados por el medio nacional, se busca que sus acciones sean vistas como sedición, un delito político, lo que podría facilitar su inclusión en un sistema de justicia transicional.

Además, fuentes del alto Gobierno confirmaron que, aunque la designación de estos excomandantes como gestores de paz es reciente, la propuesta no es nueva. Según citaron al diario, la idea se gestó durante la campaña de 2002, con la participación de figuras como el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el exalto comisionado Danilo Rueda.

En julio, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, envió una carta al presidente Petro ofreciendo su colaboración para la paz y la reconciliación, citando el informe de la Comisión de la Verdad que critica las extradiciones de miembros de las AUC por motivos políticos. A pesar de estos esfuerzos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha mostrado reticencias, señalando las limitaciones legales para incluir a los excomandantes paramilitares en su sistema.

“Como actores que fuimos del conflicto y conocimos mucho de su dinámica, podemos aportar con nuestras ideas y propuestas a la paz y la reconciliación. También es bueno que tengan en cuenta las palabras del informe final de la Comisión de la Verdad, donde dice: ‘Las extradiciones de los miembros de las Autodefensas fueron llevadas a cabo por motivos políticos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas’”, señaló ‘Don Berna’ en su misiva.

Pero la historia de las negociaciones con las AUC es compleja. Algunos abogados sostuvieron a El Colombiano que las conversaciones iniciadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no concluyeron adecuadamente, lo que justificó la reciente designación de estos excomandantes como gestores de paz.

“La idea es el desmonte, o cierre de la ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) y materializar la entrega de los bienes, para la reparación de las víctimas, que se habían entregado a Acción Social en aquel entonces”, señaló un abogado al medio nacional.

A pesar de las reuniones previas con los paramilitares para idear esta estrategia de paz, persisten dudas sobre el poder real de estos excomandantes en los territorios y su disposición a colaborar con la justicia. Casos como el de Hernán Giraldo, alias Taladro, quien ha sido acusado de graves crímenes, ilustran la complejidad de integrar a estos actores en un proceso de paz.

Además, la falta de claridad sobre las funciones específicas que ejercerán estos gestores de paz ha aumentado la incertidumbre al proceso. Mientras tanto, figuras como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, participan en negociaciones con grupos armados, aunque con resultados limitados hasta ahora.