
El miércoles 13 de noviembre de 2024, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad al ex jefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso. Además de cuestionar su tarea como gestor de paz, tras la designación hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro.
La decisión del alto tribunal se conoció cuatro meses después de que Mancuso quedó en libertad, después de levantarse las órdenes de aseguramiento en su contra por una jueza de Justicia y Paz.
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En el fallo de segunda instancia, con la ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz, la Corte expuso cómo el excabecilla de los paramilitares estaría gozando de privilegios ilimitados, en esta situación su libertad, sin que se registre una compensación de “verdad y reparación para las víctimas”. Por tal razón se nombró que habría una “falta de proporcionalidad” entre la medida que oficializó el Gobierno nacional y los derechos de los afectados por su accionar delictivo como miembro de las AUC.
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“No decretar la nulidad de la actuación por violación al debido proceso. Revocar el numeral primero de la parte resolutiva de la decisión impugnada (auto 148) por medio del cual se inaplica, bajo excepción de inconstitucionalidad, la Resolución Presidencial 244 del 14 de agosto de 2023″, puntualizó el auto al notificar la decisión.
El fallo generó controversia, por lo que el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, argumentó que la decisión de negar la libertad a Salvatore Mancuso por su rol como gestor de paz, responde al accionar del ex jefe paramilitar durante su época delictiva.
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“Una medida tan importante como lo es la concesión de la libertad a una persona con estos antecedentes no debe ser la medida primera a aplicarse”, explicó.
A su vez, sostuvo que dejar en libertad a Mancuso afecta de manera directa los derechos y traumas que dejó en sus víctimas y familiares que estuvieron expuestos a actos violentos liderados por el gestor de paz a principios de los 2000.
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“Estamos hablando de más de 60.000 conductas punibles realizadas por el señor Mancuso, en donde se generaron conflictos a lo largo y ancho del país, donde se generaron víctimas en todo el país que hoy reclaman justicia”, afirmó. Corredor solicitó a las autoridades leer la sentencia y las razones de este pronunciamiento.

Mancuso no fue el único exparamilirar que el presidente de la República nombró como gestor de paz. Según la resolución 450 de 2024, 18 exparas fueron habilitados para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
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Se trata de, Ramón María Isaza Arango; Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Hebert Veloza García, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago Parada.

Entre los nombramientos más polémicos, destacan Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC. Además, el caso de Hernán Giraldo, que estaba en la cárcel y fue expulsado de Justicia y Paz por delitos sexuales contra menores de edad.
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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Giraldo continuó realizando actos de violencia sexual luego de haberse desmovilizado, por lo que el órgano de control lo acusa de haber abusado de menores de 14 años mientras estuvo detenido en el país, entre 2006 y 2008.
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