
El 11 de noviembre de 2024 se realizó la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington, Estados Unidos. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez, excombatiente de la extinta guerrilla del M-19, y excandidato presidencial, que fue asesinado el 26 de abril de 1990.
La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, hija del político cartagenero; y Laura García, mamá de la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, su última pareja, asistieron al evento y rindieron testimonio sobre el atentado al líder revolucionario que apostó´por la paz.
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Durante su intervención, la hija de Pizarro afirmó que el caso sobre el magnicidio de su padre, ha tenido pocos avances a lo largo de los años. Además de mencionar que muchos de los testigos clave han muerto, por lo que es difícil saber a detalle todo lo ocurrido con el excandidato presidencial de la Unión Patriótica (UP).
“El caso no avanza y mientras tanto mueren personas que tienen información, quienes podrían ser investigadas, juzgadas y condenadas por el asesinato de mi padre”, precisó la senadora Pizarro, que lanzó una frase demoledora.
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“A mi padre no lo mató la guerra, lo mató la paz. La paz, para mí, fue profundamente dolorosa. De alguna manera he tenido que autorrepararme en el camino en estos 34 años”, agregó la parlamentaria.
En lo que espera, María José fue clara en decir que continuará en el proceso de reivindicación de la figura y de la memoria de su progenitor. “El empeño por construir una paz duradera para Colombia. Y por supuesto, creo que repararnos como movimiento político, porque no solamente se perdió el líder, sino que toda la organización política fue lesionada”, destacó.
Las declaraciones de María José Pizarro no fueron bien recibidas en el sector de oposición al Gobierno nacional. La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, reaccionó a las palabras de la congresista en redes sociales.
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Para Cabal, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) no se dio por un deseo genuino de poner fin a la violencia que se registraba en el territorio nacional, sino que fue por conveniencia.

“Le “apostaron a la paz”, María Jose, por conveniencia política, dejando cientos de miles de muertos en campos y ciudades”, aseguró en su cuenta de X.
A su vez, la congresista tachó de inmoral el funcionamiento del organismo, que, en su opinión, deja por fuera a otras víctimas del conflicto como policías y militares que estuvieron involucrados en ataques de las extintas Farc.
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“Esta forma de resarcimiento que hace el sistema es inmoral. En el entretanto, la Jep piensa excluir a las Víctimas de fuerza pública. ¡Así no es!”, se lee en la publicación.
Esta no es la primera vez, que la precandidata presidencial del Centro Democrático critica a la Jep , puesto que fue una de las principales opositoras a la inclusión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a la justicia restaurativa.
“Colombia no puede ser un país en el que entreguen impunidad a los bandidos como pasó con Mancuso, quien es beneficiado de Justicia y Paz después de los asesinatos, debería estar sometido a las sentencias de la justicia ordinaria de 50 y 60 años, pero no, ahora le sirve a la agenda progresista para señalar al que le dé la gana”, sostuvo.
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En paralelo, dijo que este tipo de procesos solo fomentan que los altos miembros de las extintas Farc se puedan reír de sus víctimas sin pagar por sus crímenes. “Dizque justicia restaurativa como una liposucción para que las Farc se rían en el Congreso de sus víctimas” añadió.
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