Rector de la Universidad de Antioquia habló sobre la crisis financiera: “Somos capaces de generar recursos importantes que nos permiten mantenernos activos”

La Universidad de Antioquia enfrenta una severa crisis económica que, según estimaciones, podría cerrar el año con un déficit de aproximadamente $138 mil millones.

Este desbalance financiero amenaza la estabilidad de la institución y podría conducir a un cese de actividades si no se logra una solución en el corto plazo. Pese a los esfuerzos de las directivas para asegurar los recursos necesarios, la situación sigue siendo crítica.

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El rector John Jairo Arboleda Céspedes explicó en la revista Semana que está sucediendo con las finanzas de la institución educativa: “Lo que está pasando ahora es algo que ya se había previsto, incluso en estudios previos realizados por el sistema universitario estatal, que agrupa las 34 universidades públicas del país, y también por grupos de investigación, incluyendo uno de Economía en nuestra universidad. Lo que se predijo en esos estudios, allá por el año 2011, es que hacia 2022 surgirían enormes dificultades financieras”.

De esta manera, el directivo agregó que desde la vigencia de la Ley 30 de 1992, “el Estado colombiano ha estado transfiriendo recursos a las universidades públicas por debajo de los costos reales de funcionamiento, en general, y particularmente a universidades grandes y complejas como la nuestra”.

Fue así como Arboleda señaló que los recursos que se entregaban en ese año tendrían un crecimiento proyectado que no ha cubierto el incremento real de los costos y que han crecido por arriba del IPC. “Eso es lo que nos ha llevado, 32 años después, a acumular un déficit año tras año”, reveló en el medio mencionado.

En cuanto al déficit acumulado, el rector de la universidad resaltó que en todo el sistema de universidades públicas a nivel nacional se estima entre 16 y 18 billones de pesos. “En la Universidad de Antioquia, el déficit acumulado en estos años asciende a 348.000 millones de pesos. Para cerrar este año, necesitamos alrededor de 136.000 millones de pesos, de los cuales entre 40 y 60 mil millones corresponden al déficit para este año, que no ha sido cubierto debido a la desfinanciación”, añadió el directivo.

John Jairo Arboleda aseguró que la universidad está intentando cubrir sus compromisos mediante gestiones para recaudar fondos y mantener operativa la institución: “Hasta este momento, hemos seguido confiando en nuestra capacidad para generar recursos propios y sumar a nuestros presupuestos”.

El directivo contó a la revista Semana los logros que han alcanzado, uno de ellos fue la expansión de la Universidad de Antioquia. “En 1992, solo estábamos en Medellín, y ahora tenemos presencia en ocho subregiones, fuera del Valle de Urabá. Además, hemos incrementado significativamente la proporción de profesores con título de doctorado; de menos del 10 % en 1992, ahora el 66 % de nuestros 1.666 profesores tiene este título”.

El rector agregó también que han avanzado en investigación y en el desarrollo tecnológico de la institución, como en las redes y la conectividad.

Así como explicó Arboleda, durante años la universidad ha generado recursos propios, lo que llevó a que el Gobierno reduzca los aportes, con la premisa de no necesitar ayuda. “Lo cierto es que, como otras universidades, nos estamos ahogando financieramente. La noticia reciente es que la Universidad de Antioquia ha recibido un préstamo, pero tendremos que asumirlo en el futuro. La pregunta es si habrá suficientes recursos para responder por todas esas responsabilidades”, dijo.

La posibilidad de un cese de actividades cobró relevancia debido a las protestas estudiantiles que han surgido en respuesta a la crisis. La presión entre estudiantes y sindicatos crece, exigiendo al gobierno y a las autoridades universitarias soluciones rápidas y efectivas para estabilizar las finanzas y asegurar la continuidad de las labores académicas.

“Quiero darles tranquilidad. La Universidad de Antioquia no va a cerrar sus puertas. Estamos pasando momentos difíciles, pero somos capaces de generar recursos importantes que nos permiten mantenernos activos. Sin embargo, la situación exige una modificación urgente en la financiación de la educación superior. La comunidad universitaria y la sociedad en general deben estar al tanto de que esta es una crisis estructural que requiere cambios profundos en la legislación”, concluyó para Semana.