Gustavo Bolívar apoyó reforma al poder judicial en México para acabar con el nepotismo, pese a quejas por “puestos” para familiares de ministros en Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue generando polémica en ese país tras continuar con su firme idea de reformar el poder judicial para acabar con el nepotismo y la corrupción en su territorio nacional.

De hecho, en la mañana de este domingo 10 de noviembre, la jefa de Estado aseguró que el país cuenta con más de 7.000 servidores públicos que llegaron a sus cargos como cuota familiar de los magistrados y jueces de México, por lo que intentará acabar con los privilegios familiares y garantizar una meritocracia entre quienes cuenten con las capacidades para ejercer.

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Ante las explicaciones de la presidenta de México para continuar con su iniciativa de modificar el sistema judicial de ese país, el director del Departamento de Prosperidad Social en Colombia, Gustavo Bolívar, apoyó la idea de la mandataria y aseguró que el nepotismo en ese país, y en cualquier parte del mundo, también constituye un acto de corrupción.

Según sus palabras, aunque los familiares de los funcionarios del Gobierno pueden contar con una excelente preparación para ejercer cargos públicos, su cercanía al Estado les da la prioridad sobre los cientos de miles de colombianos que esperan una oportunidad para ingresar al sector público a través de méritos.

“El nepotismo es corrupción. Es cierto que nuestros familiares necesitan trabajar y están preparados pero la corrupción consiste en que millones también están preparados y necesitan trabajar, pero no son familiares de un miembro del Estado o del aparato judicial que los apalanque”, señaló Bolívar en su cuenta de X.

Sin embargo, sus declaraciones se dan justo el mismo día en el que salió un reciente informe en el que quedaron al descubierto apenas algunos de los familiares de ministros y funcionarios del alto Gobierno que lograron “atornillarse” en el sector público gracias a sus relaciones personales.

Y es que el presidente Gustavo Petro enfrenta críticas por presunto nepotismo en su administración, a pesar de su promesa de campaña de erradicar el favoritismo en el Gobierno. Según un informe de El Espectador, familiares de al menos seis ministros y exministros han sido nombrados en cargos públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la meritocracia en el Ejecutivo.

Aunque estos nombramientos no constituyen un conflicto de interés legal, sí han levantado un debate sobre el cumplimiento de las promesas del presidente, quien desde el principio aseguró que llegaría a democratizar el Estado y erradicar la corrupción para priorizar la meritocracia en los nombramientos públicos.

Un caso notable es el de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tiene a tres familiares con contratos en el Gobierno. Su hijo, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, fue nombrado jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y luego asesor jurídico del Ministerio de Ciencia. Otro de sus hijos, Álvaro Eduardo Restrepo, firmó un contrato con el Ministerio de Cultura, mientras que su hermana, Diana Zuleyma Ramírez, fue nombrada subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud.

Según el informe de El Espectador, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también ha sido objeto de críticas debido a que su esposa, Claudia Liliana Cortés, fue nombrada directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Bonilla defendió la designación, afirmando que no influyó en ella y que su esposa fue seleccionada por su experiencia en el sector. Sin embargo, la situación generó suspicacias cuando Cortés fue trasladada al Ministerio de Hacienda tras la remoción de la ministra de Agricultura, Jhennifer Mojica.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también enfrenta una situación similar, ya que su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja en la Superintendencia de Salud desde 2022. A pesar de las mociones de censura en el Congreso, Jaramillo ha mantenido su cargo, aunque la situación de su esposa podría representar un conflicto de intereses.

Otros casos mencionados en el informe incluyen a las ministras Martha Carvajalino y Helga Rivas, quienes también tienen familiares en cargos gubernamentales. El esposo de Carvajalino, Jaime Osorno, ocupa una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que el compañero de Rivas, Juan Carlos Ortega Bermúdez, fue secretario de la Agencia de Reincorporación.

El informe también señala que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tiene familiares en la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol, aunque estos cargos no dependen del Gobierno y fueron ocupados antes de 2022. Entre los exministros, se destaca el caso de Irene Vélez, cuyo esposo obtuvo un contrato en el Fondo Colombia en Paz.