Procuraduría exigió a la Ungrd un plan inmediato para los 80 carrotanques estancados en La Guajira

La Procuraduría reiteró el viernes 8 de noviembre la necesidad urgente de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avance en la creación de un plan concreto para la distribución de los 80 carrotanques que permanecen sin utilizar en batallones y parqueaderos públicos de La Guajira. Estos vehículos, adquiridos a comienzos de año, quedaron estacionados luego de destaparse un escándalo de corrupción que involucró a Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Para el Ministerio Público, la redistribución de los carrotanques debía realizarse con un enfoque técnico sólido, basado en el análisis de las condiciones geográficas y el riesgo de los municipios o distritos que más necesitan el servicio. “Esta reubicación debe considerar los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, además de las especificaciones técnicas de los vehículos, que permitan su movilidad y funcionalidad en los territorios más afectados por el fenómeno de El Niño y el desabastecimiento de agua,” enfatizó la entidad.

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Además, la Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, expresó inquietud ante la posibilidad de que la información pública sobre el proceso de aseguramiento y reubicación de los carrotanques solo esté disponible una vez que el contrato de adjudicación haya sido firmado. “Para ese momento ya debieron haberse subsanado las observaciones que las partes y la Procuraduría hicieron al proyecto,” advirtió el Ministerio Público.

La Procuraduría insistió en la necesidad de que la Ungrd avanzara con el Ministerio de Defensa en la realización de peritajes que permitieran evaluar las condiciones actuales de los carrotanques. Durante el proceso de evaluación, se observó que algunos de estos vehículos presentaban defectos significativos en su estructura y funcionamiento, lo que representa un riesgo para su operatividad y para la seguridad en las zonas donde serían desplegados.

Entre las deficiencias más destacadas se encontraba la ausencia de sistemas de aire acondicionado, una característica que podría limitar su capacidad operativa en ciertas zonas del país, particularmente en aquellas regiones con climas extremadamente cálidos y condiciones ambientales adversas. Esta deficiencia podría afectar el rendimiento de los carrotanques, dificultando su funcionamiento eficiente en áreas donde se requieren operaciones prolongadas bajo temperaturas elevadas, lo que aumentaría el riesgo de fallos técnicos y de seguridad en los vehículos.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que, como resultado de esta coordinación entre la Ungrd y el Ministerio de Defensa, se generara un listado detallado de las entidades territoriales interesadas en recibir los vehículos. Además, se pidió que las aseguradoras fueran notificadas sobre los posibles lugares de reubicación de los carrotanques, con el fin de agilizar su redistribución en los puntos críticos afectados por el fenómeno de El Niño. Esta medida busca optimizar la respuesta en el menor tiempo posible, garantizando la cobertura y el apoyo a las zonas de mayor vulnerabilidad.

La autoridad disciplinaria advirtió que el incumplimiento de las obligaciones de la Ungrd en la gestión del riesgo y la atención de desastres podría ser considerado una falta gravísima, ya que estas acciones se relacionan directamente con la protección de la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente, así como con la capacidad de respuesta ante emergencias nacionales.

El Ministerio Público destacó que, de acuerdo con lo estipulado en el Código General Disciplinario, cualquier acto de omisión, retraso o negativa para brindar una respuesta adecuada y puntual a las solicitudes formuladas por las autoridades competentes es considerado una falta disciplinaria. Enfatizó que el incumplimiento de estas obligaciones representa una violación a las normativas que rigen el ejercicio responsable y diligente de la función pública, señalando que las instituciones están en el deber de actuar de manera ágil y efectiva para garantizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía en el marco de la ley.