Cuatro policías le pidieron $7 millones a un ciudadano para evitar un falso allanamiento

La Policía nacional informó la captura de cuatro uniformados adscritos a la Sijin, en el departamento de Córdoba, quienes habrían participado en una falsa diligencia de registro de allanamiento.

Según el reporte conocido por Blu Radio, los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2023, en donde los uniformados habían desarrollado un supuesto operativo en una vivienda del municipio de Canalete, y allí un ciudadano le fue notificado de una presunta orden de allanamiento, y advirtiendo que no realizaban el operativo si este les entregaba una suma de siete millones de pesos.

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Adicionalmente, se conoció que los uniformados habían desobedecido las órdenes de sus superiores, ya que estaban previstos para una misión de trabajo en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia.

Sin embargo, la investigación detalla que, mientras se movilizaban hacia ese municipio, los oficiales decidieron desviarse del camino hasta el municipio cordobés, sin tener la autorización de los altos mandos, y realizar el operativo contra el ciudadano en Canaletes, respectivamente.

Las capturas se desarrollaron en la ciudad de Montería (Córdoba), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico), donde les imputaron el delito de concusión, y fueron llevados ante un juez de control de garantías, donde los cobijó con medida de detención domiciliaria.

Detienen a intendente de la Policía que sobornaba a infractores de tránsito

De otro lado, las autoridades notificaron la captura de un intendente jefe de la Policía Nacional, adscrito a la Policía Judicial de Setra Deris, al tener una orden de captura emitida por el Juzgado 1712 Penal, Militar y Policial de Control de Garantías.

De acuerdo con el informe oficial, el uniformado fue acusado por el delito de concusión, que se refiere a uno de los tipos de corrupción en la que un funcionario solicita o recibe montos económicos durante el ejercicio de sus funciones.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre del 2023, en donde un ciudadano alertó a las autoridades sobre la actuación del uniformado, en la que habría sobornado a conductores involucrados en accidentes de tránsito en las vías de Colombia.

“Las actividades judiciales fueron llevadas a cabo por el Equipo de Trabajo Investigativo para la Justicia Penal, Militar y Policial, destacado en SIJIN DERIS, que ha estado trabajando para esclarecer los hechos denunciados”, señaló la Policía en un comunicado.

Por ahora, el oficial fue dejado a disposición de la Fiscalía Penal, Militar y Policial, donde se adelantarán las audiencias preliminares correspondientes.

La captura de este funcionario policial subraya el compromiso de las autoridades con la transparencia y la lucha contra la corrupción en las instituciones de seguridad del país. Este caso podría sentar un precedente importante en la forma en que se manejan las denuncias de corrupción dentro de las fuerzas del orden.

Cuatro policías recibieron dinero de personas que tomaban licor en vía de Melgar

Por su parte, en el municipio de Melgar (Tolima), cuatro uniformados de la Policía nacional fueron capturados tras aceptar un soborno de ciudadanos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando los uniformados omitieron sus funciones de su cargo, durante un operativo en el casco urbano del municipio tolimense.

“Estando en el sitio, al parecer no realizaron el procedimiento establecido en los reglamentos de policía y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros, no incautaron un arma ‘traumática’ tipo pistola que portaban los ciudadanos, omisiones que presuntamente se originaron por recibir una suma de dinero”, sostuvo la Policía en un comunicado.

Los hoy capturados fueron identificados como Johan Steven Arias Martínez, Nelson Enrique Sánchez, Andrea Rojas Ramírez y Andrés Fabián Navarrete Barreto, quienes les fueron imputados los delitos de abandono del puesto, prevaricato por omisión, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

Tras ello, un juez militar y policial de control de garantías aceptó la solicitud de las autoridades, por lo que fueron enviados a un centro carcelario.