Camioneros le reclamaron al gobierno de Gustavo Petro por incumplimientos en acuerdos del paro

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha manifestado su preocupación al presidente Gustavo Petro, debido al incumplimiento de compromisos previamente acordados.

En una carta enviada el 6 de noviembre de 2024, la ACC detalla sus inquietudes respecto a los aumentos en el precio del combustible, la paralización de programas de modernización y la creciente inseguridad en las vías del país.

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El primer punto que aborda la carta se refiere al acuerdo camionero firmado el 6 de septiembre de 2024. Según la ACC, el acuerdo estipulaba dos incrementos en el precio del combustible, pero se ha propuesto un nuevo aumento en la reforma tributaria que eleva el impuesto al carbono, afectando a los transportadores y violando lo acordado.

La asociación solicita que se retire esta medida de la reforma en curso, pese a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha emitido una circular garantizando la estabilidad de los precios de los combustibles en las principales ciudades del país.

En cuanto a los Programas de Modernización, la ACC señala que, desde 2004, ha financiado completamente las iniciativas para renovar el parque automotor colombiano.

Sin embargo, desde hace cuatro meses, estos programas están congelados, afectando a familias transportadoras que dependen de estas renovaciones. La situación es crítica para muchos, ya que el 82% de los camiones pertenece a pequeños transportadores con no más de dos vehículos.

La inseguridad en las carreteras es otra de las preocupaciones principales. En los últimos tres años, más de 20 conductores han perdido la vida, y ha ocurrido un aumento en los delitos como la quema de camiones y el saqueo de mercancías.

La ACC denuncia que, a pesar de acordar un incremento en los fondos para seguridad con el Ministerio de Transporte, estos recursos se han desviado a un proyecto de vías inteligente paralelo denominado Viits, lo cual, según la asociación, duplica las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Por último, la ACC destaca que el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-Tac) continúa desactualizado, afectando los pagos a los transportadores al no reflejar adecuadamente los costos reales.

La asociación espera respuestas claras y acciones concretas del gobierno para abordar estas problemáticas en beneficio del sector transporte y del país.

Si no se cumplen los acuerdos, el gremio camionero puede volver a manifestarse

Las tensiones entre el Gobierno nacional y el sector de los transportadores de carga en Colombia han alcanzado un punto crítico, según declaraciones de Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, en una entrevista con W Radio.

Quiceno advirtió sobre la posibilidad de un nuevo paro nacional por parte de los camioneros si sus demandas no son atendidas.

El líder gremial expresó que las relaciones con el gobierno han sido complicadas, especialmente en lo que respecta al programa de modernización del sector de transporte que, como fue mencionado anteriormente, es uno de los puntos claves en los acuerdos firmados en septiembre.

Muchos camioneros entregaron sus vehículos a cambio de pagos prometidos por el Gobierno, pero hasta ahora, esos recursos no han sido desembolsados, lo que ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los transportadores.

Quiceno subrayó que para llegar a acuerdos es necesario que ambas partes participen activamente en el diálogo. Criticó al Gobierno de Gustavo Petro por proyectar decretos y resoluciones a puerta cerrada, sin considerar las preocupaciones del gremio. Esta falta de comunicación ha incrementado las inconformidades dentro del sector, que se siente ignorado en sus demandas.

La posibilidad de un nuevo paro camionero a nivel nacional no es descartada por el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, quien afirmó que si las quejas del gremio no son escuchadas, los transportadores podrían recurrir nuevamente a las protestas.

El objetivo sería presionar al Gobierno para que atienda sus necesidades y se comprometa a resolver los problemas que afectan al sector.