Pese al clima de tensión y protestas, la Alcaldía de Bogotá mantiene su postura firme respecto a la recuperación del espacio público en el sistema de transporte Transmilenio.
La decisión se tomó después de las manifestaciones violentas por parte de los vendedores informales de la estación Ricaurte, ocurridas en medio de una operación oficial, el 29 de octubre de 2024.
En las horas de la mañana del 30 de octubre se conoció que las autoridades no darán marcha atrás en la decisión de retirar a los vendedores ambulantes de las estaciones.
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Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, que explicó e una entrevista con Blu Radio, que la intervención busca “liberar los corredores” para asegurar el tránsito seguro de aproximadamente 70.000 pasajeros diarios.
Afirmó en el medio que las autoridades no se oponen a las actividades comerciales de los vendedores ambulantes, estas no pueden desarrollarse en espacios que comprometan la seguridad de los usuarios del transporte, y que en consecuencia se presente “una anarquía”, que no pueda controlarse, sugirió el Restrepo.
“La ocupación de estos túneles obstaculiza la operación de Transmilenio y genera riesgos para quienes transitan por la estación (...) El comportamiento de los ciudadanos en el espacio público también implica riesgos y afecta a los demás. No podemos permitir que esto se convierta en una norma”, señaló el funcionario.
La primera intervención fue la de la estación de Ricaurte, ubicada en el centro de la ciudad, lugar en el que el operativo policial desalojó a decenas de comerciantes informales que habían establecido un mercado improvisado.
Este desalojo provocó una fuerte reacción por parte de los vendedores, quienes bloquearon la Calle 13 a la altura de la Carrera 30, que resultó en un caos vehicular que afectó a centenares de ciudadanos que debieron salir del sistema para buscar alternativas de seguridad. La protesta se extendió por varias horas, y también generó al cierre de estaciones en el sector.
Además, Restrepo denunció que algunos manifestantes emplearon tácticas que ponen en riesgo a menores de edad y personas discapacitadas para impedir el despeje de las vías.
“Es una actitud absolutamente rechazable; ayer incluso pedimos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviniera para proteger a los menores expuestos a situaciones peligrosas en medio de los disturbios”, reportó el servidor.
La de Ricaurte no sería la última intervención
En la conversación con el medio, el secretario de Seguridad advirtió que las operaciones policiales continuarán en los portales y estaciones del sistema masivo de transporte.
En coordinación con el Instituto para la Economía Social y la Policía Metropolitana de Bogotá, se mantendrán intervenciones, incluso, en otros puntos de alta concentración de ventas ambulantes.
Restrepo afirmó que el sistema de transporte en su totalidad está bajo vigilancia y que se están evaluando las áreas de intervención, aunque no reveló los puntos específicos para evitar alertar a los vendedores.
La administración de Bogotá insiste en que su objetivo es proteger el bienestar de la ciudadanía y mejorar la seguridad en los espacios públicos. “Toda persona que se ubique en un lugar o realice una actividad que genere riesgo para otros será conducida fuera del sistema de transporte o del espacio público”, puntualizó Restrepo en la entrevista.
Mesas de diálogo para solucionar el problema
En la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán se está implementando el artículo 181 del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, que establece que las autoridades deben desalojar a estos vendedores del sistema de transporte.
En ese sentido, la discusión sobre el futuro de los vendedores informales se llevará a cabo en mesas de diálogo, para encontrar soluciones que equilibren la necesidad de mantener la seguridad y el orden en el sistema de transporte con la realidad económica de quienes dependen de estas ventas para su sustento diario. Sin embargo, no se conocen los avances de estas mesas.
La situación de los vendedores ambulantes en Transmilenio se ha convertido en un fenómeno cotidiano. Incluso, desde el 2015, la Defensoría del Pueblo estimó que el 95% de las entradas a estaciones de Transmilenio contaban con la presencia de ventas informales.
El Plan de Desarrollo de Bogotá incluye un apartado específico sobre la prevención y atención de las ventas informales en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
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