Gobierno tendrá que cobrar más impuestos con la reforma al Sistema General de Participaciones: esta es la razón

El 28 de octubre continuó en el Senado de la República el sexto debate del proyecto de Acto Legislativo No.018 de 2024 Senado -437 de 2024 Cámara, “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Con la iniciativa se busca modificar la forma en la que la Nación transfiere recursos a alcaldes y gobernadores, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente.

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En medio de este, y ante la alerta de varios centros de pensamiento como la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), se logró un acuerdo y es que se reducirán las transferencias a municipios y departamentos. Estas pasarán de 46,5% a 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación.

Senadores como Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseguraron que “nosotros tenemos que entender la necesidad de que este país empiece a hacerse responsable de su futuro desde las regiones, aplicar la Constitución del 91″.

Además, otros como Guido Echeverri manifestaron que “esto, más allá de ser una transferencia de recursos, implica transferencia de responsabilidades, implica entregar en manos de las entidades territoriales un poder que haga posible que ellas sean capaces de construir su propio destino”.

Crisis fiscal y necesidad de una ley de financiamiento

No obstante, una de las afirmaciones que más llamó la atención fue la que hizo el senador Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, que dio a entender que se necesitará cobrar más impuestos para llevar a cabo la nueva reforma.

“Es cierto y es real que tenemos una crisis fiscal. Es cierto que, en su momento, si aprobamos este proyecto de acto legislativo, tendrá que aprobarse también, ineluctablemente, una ley de financiamiento, porque es una realidad: los recursos hoy en día no nos alcanzan”, afirmó el congresista.

Tres reformas tributarias

Con esto, Asprilla confirmó lo que advirtió el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), que en reciente pronunciamiento advirtió que la situación actual del Gobierno ya implica retos significativos en materia fiscal. El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 está sujeto a que se cumplan las metas de recaudo tributario y al ajuste de gasto que se dé en el resto del año. “Para 2025, el Presupuesto General de la Nación (PGN) incluye una alta expectativa de recaudo por gestión y el recaudo esperado del proyecto de ley de financiamiento, que de no materializarse implicarán la necesidad de reducciones de gasto”, apuntó.

Además, que en el mediano plazo, el proyecto incrementa los riesgos de la sostenibilidad fiscal. Al proponer un incremento de las transferencias a las entidades territoriales hasta el 46,5% de los ingresos corrientes nacionales en 2036, por lo que se requerirían esfuerzos tributarios muy altos: “Se necesitarían alrededor de tres reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública”.

Ajustes estructurales

Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana llamó la atención del Legislativo y del Gobierno para que tengan en cuenta las advertencias hechas desde distintos sectores sobre la inconveniencia de algunos puntos de esta propuesta.

Sin embargo, dado que el trámite legislativo de este proyecto se viene adelantando con fuerza y pareciera haber consenso entre el legislativo, el Gobierno, alcaldes y gobernadores para aprobar la propuesta, propuso, como punto medio, que se deberían hacer los siguientes ajustes estructurales:

• Que el porcentaje de la transferencia suba de manera gradual hasta llegar a un piso de 30,5% de los ingresos corrientes de la Nación, como lo recomendó la misión de descentralización conformada por el mismo Gobierno. Este monto es el único que viene de un estudio serio y estructurado a la fecha.
• Esta modificación es imposible sin una reingeniería del Estado que transfiera funciones del Gobierno Central a los gobiernos locales.

“En consecuencia, se debe condicionar la vigencia del acto legislativo a una ley previa que transfiere competencias y funciones a los gobiernos locales, actualice las reglas fiscales subnacionales, adelante una reforma tributaria territorial que incremente capacidades para generar recursos propios y fortalezca la transparencia, el acceso a información y la participación ciudadana en los gobiernos territoriales”, finalizó el observatorio.