El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Ministerio del Interior reintegrar a Amelia Rocío Cotes Cortés en su cargo como directora de Asuntos Religiosos.
La decisión se tomó después de que Cotes fuera declarada insubsistente a finales de agosto de 2024 por el ministro Juan Fernando Cristo, lo que, según el tribunal, vulneró sus derechos a la estabilidad laboral y al mínimo vital.
“Con nobleza recibo un fallo que me hace justicia, pero con firmeza les puedo asegurar que ningún personaje político puede abrogarse esta victoria. Ni siquiera los que un día se mostraron aliados. Esta victoria jurídica se debe al apoyo moral y espiritual recibido por 300 líderes religiosos invisibles que crearon un grupo llamado “Justicia y Libertad Religiosa”, que no me dejaron desfallecer, me recordaron que Dios es Justo”, escribió la servidora en sus redes sociales
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Este caso, resuelto en segunda instancia, subraya la necesidad de protección especial para Cotes, quien había denunciado acoso laboral y problemas con el pago de su salario.
En esos días Cotes, a través de sus redes sociales, expresó que su destitución ocurrió tras denunciar presuntas acciones de corrupción dentro del ministerio, las cuales habría puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Además, señaló que su remoción afectaba no solo su situación personal, sino también la de sus hijos, ya que es madre cabeza de familia. En su cuenta de X Cotes manifestó: “Eso no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación”.
Mi muy respetado Presidente @petrogustavo ante tantas denuncias públicas y el silencio de los que pensé aliados, hoy recibí justicia por parte del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Esta victoria jurídica que recibo con nobleza, espero sirva para impulsar el verdadero cambio para las mujeres. Una vida lejos de la violencia de género y de la discriminación laboral por la maternidad”, agregó Cotes en su celebración, en agradecimiento al Presidente.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá
Tras dos meses de investigación, el tribunal encontró que, en efecto, a Cotes se le vulneraron varios derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, por lo cual la insubsistencia debe quedar “nula”.
Por ello, ordenó al Ministerio del Interior que en un plazo de 48 horas efectúe el reintegro de Cotes o, si es necesario, disponga su reubicación en un cargo igual o superior al que desempeñaba antes de su retiro. Esta decisión busca no afectar los derechos de otras personas con interés legítimo en el proceso.
En las determinaciones, se solicitó a la cartera que “en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el reintegro, en caso necesario, disponga la reubicación laboral de Amelia Rocío Cotes Cortés a un cargo igual o superior al que venía desempeñando en la fecha en que se produjo el retiro del servicio, sin afectar los derechos de otras personas con interés legítimo en el proceso”.
Incluso, el tribunal determinó que Cotes debe ser restituida por el tiempo en el que no recibió sus honorarios. “En el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda pagar a Amelia Rocío Cotes Cortés, los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social correspondientes a salud, pensiones y riesgos profesionales y demás beneficios dejados de percibir por la accionante desde la fecha de la desvinculación hasta cuando se produzca efectivamente el reintegro”.
En su momento, Cotes había advertido que se defendería de la insubsistencia. “Conozco los medios judiciales para defender mis derechos; por tanto, este escrito busca recomponer la política y mediar caminos de no repetición. La lucha por la justicia social no cesa; seguiremos haciendo camino, aunque las trochas nos den espinos”, escribió.
A pesar de la orden judicial, el Ministerio del Interior ya prepara una apelación, argumentando que la destitución de Cotes no se debió a su condición de madre lactante, sino a la discrecionalidad del gobierno para elegir y remover a sus funcionarios.
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