En una reciente intervención en la plataforma X, el joven abogado Juan José Lafaurie, conocido por ser hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el empresario ganadero José Félix Lafaurie Rivera, criticó abiertamente las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’, y las denuncias del presidente Gustavo Petro en torno al uso del software espía Pegasus en Colombia.
El abogado, que ha ganado notoriedad en redes sociales como opositor al Gobierno Petro, se refirió a los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas como “un cuento”, al aseverar que no hay pruebas que sustenten esa cifra.
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“El circo no ha podido ni podrá demostrar que Pegasus existe, pero insisten en convencer a la gente con mentiras de que sí existió algo que nunca ocurrió. Aplican la misma táctica del cuento de los 6.402 falsos positivos: no hay forma de demostrar esa cifra, pero insisten en ella”, escribió el abogado en su cuenta.
Las palabras del joven rápidamente se propagaron en las redes sociales, al generar reacciones, especialmente entre quienes han vivido de cerca el tema de las ejecuciones extrajudiciales y han atravesado prolongados procesos como víctimas en estos casos, lo que desencadenó una oleada de comentarios críticos. No obstante, también obtuvo un respaldo considerable, con muchos de sus seguidores celebrando su declaración.
¿De dónde salió la cifra de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales?
La cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales generó controversia y debate desde su divulgación inicial. Esta cifra fue revelada por primera vez por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 12 de febrero de 2021, a través de un documento judicial. Según el mecanismo de justicia transicional, los hechos ocurrieron entre 2002 y 2008 en el contexto del conflicto armado colombiano, y se refiere a asesinatos de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate por miembros de la fuerza pública.
En redes sociales, particularmente en plataformas como X, algunos usuarios atribuyeron erróneamente a la Comisión de la Verdad la responsabilidad de esta cifra; sin embargo, esta sección no fue la primera en revelar dicho número, ya que este dato proviene directamente de la investigación de la JEP.
Este malentendido también fue alimentado por declaraciones que minimizan la cifra, puesto que algunas personas han señalado que existen menos de 800 casos oficialmente radicados ante la JEP que involucran a víctimas relacionadas con los denominados ‘falsos positivos’. A pesar de estas afirmaciones, la justicia transicional sostiene la validez de los 6.402 casos documentados, explicando que estos forman parte de un proceso de investigación más amplio que sigue en curso.
Pegasus en Colombia: controversia sobre la compra de este software
El epicentro de esta controversia fue la denuncia hecha por el presidente Petro, que afirmó que se realizaron dos vuelos desde Bogotá hacia Tel Aviv en aeronaves alquiladas, con tripulaciones conformadas exclusivamente por ciudadanos israelíes. El primer vuelo, según la información presentada por el mandatario, tuvo lugar el 26 de junio de 2021 y el segundo el 18 de septiembre del mismo año.
Petro detalló que, en uno de estos vuelos, llegaron cuatro ciudadanos israelíes, entre ellos el director de negocios de NSO Group, que, presuntamente, habría gestionado una transacción inicial de 5,5 millones de dólares por la adquisición de Pegasus. Posteriormente, en el segundo vuelo, llegó Ran Gonen, director general de la compañía mencionada, para llevarse un pago adicional por la misma cantidad, completando así un total de 11 millones de dólares.
Según las declaraciones del mandatario, estas operaciones fueron negadas repetidamente por el gobierno de Iván Duque, pero las pruebas entregadas por agencias de inteligencia extranjeras a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) confirmarían que el software sí fue adquirido por el Estado colombiano durante el estallido social de 2021.
NSO Group, en respuesta a estas acusaciones, emitió un breve comunicado en el que aseguró que todas las transacciones con Colombia se realizaron “de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países”.
El abogado Lafaurie aprovechó la coyuntura de los ‘falsos positivos’ para señalar que el caso de Pegasus es una “farsa”, al afirmar que no existen pruebas de que dicho software haya sido utilizado por el gobierno colombiano. A pesar de las denuncias del presidente Petro y de varios informes periodísticos que han investigado el tema, la postura de sectores políticos de oposición sigue siendo de negación rotunda.
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