Fiscalía acusó a exgobernador del Cesar por contratación irregular durante la pandemia del covid-19

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

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Según información de la Fiscalía, los elementos de prueba indican que el exmandatario habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno nacional con ocasión de la pandemia del covid-19, para celebrar 23 contratos para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020.

“Para los fines contractuales delegó a la secretaria General de la Gobernación, pero siempre estuvo al tanto del proceso licitatorio. En ese sentido, se le atribuye el posible direccionamiento irregular de la contratación de los paquetes alimentarios, por un valor de 9.000 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.

El ente acusador aseguró que en el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos, sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer, fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía.

Para la Fiscalía, el hoy acusado omitió la función de ejercer supervisión, control y vigilancia sobre los contratos celebrados durante su administración, y permitió un detrimento patrimonial por 408 millones de pesos.

El fiscal del caso aseguró que Luis Alberto Monsalvo “asumió comportamientos activos para la estructuración de los documentos precontractuales, en particular en referencia a los estudios de mercad,o debiendo insistirse en que tanto en el trámite como en la celebración se le reprocha no haber ejercido funciones de control y vigilancia que impidiera la materialización de las irregularidades que se presentaron”.

Y agregó: “Durante el trámite de los aludidos negocios jurídicos participó de manera activa entre otros a través de la solicitud directa a los futuros oferentes para que participaran en los procesos de contratación. Asimismo de manera, clara se imputó al aforado también en cuanto al trámite haber amañado los procesos contractuales para adjudicar a determinados oferentes mediante el establecimiento de criterios económicos que no se ajustaban a las condiciones objetivas del mercado”.

Corrupción en el PAE

En marzo de 2024, el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por su implicación en un caso de corrupción relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El fallo, emitido por el magistrado Ariel Torres, lo responsabiliza como coautor de los delitos de peculado por apropiación agravado en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Monsalvo Gnecco permitió que un contratista se beneficiara ilegalmente de los recursos destinados a la alimentación de los niños del departamento.

Además de la condena a prisión, el exgobernador deberá devolver los recursos que entregó sin justificación a la empresa contratada. Se le impuso una multa de más de 1.537 millones de pesos, de los cuales más de 92 millones deben ser consignados al Ministerio de Justicia. También se le inhabilitó por 21 años y 9 meses para ocupar cargos públicos.

El caso de corrupción que llevó a la condena de Monsalvo Gnecco está vinculado a un contrato que firmó en 2015 con el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, por un valor de más de 17 mil millones de pesos. El contrato, destinado a ejecutar el PAE, presentó serias irregularidades, entre ellas la falta de determinación del número de niños que recibirían los alimentos, la falta de supervisión adecuada y la manipulación de los costos de las raciones.

El consorcio encargado de la ejecución del programa estaba compuesto por la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar. A pesar de que el contrato debía cumplirse en 59 días, el proyecto terminó con una discrepancia en la liquidación por más de 3 mil millones de pesos, que fueron apropiados ilegalmente por los involucrados.

El magistrado Torres también rechazó la solicitud de Monsalvo Gnecco para cumplir su condena en prisión domiciliaria, por lo que deberá ser trasladado a una cárcel, según lo determine el Inpec, para cumplir al menos una parte de su sentencia en reclusión. Este caso ha generado gran impacto en la opinión pública, dado el mal manejo de los recursos destinados a uno de los programas más importantes para la población infantil del país.