
Luego de la dura denuncia del concejal de Bogotá Daniel Briceño, acerca de lo que habría sido la adjudicación, a dedo, de un contrato por 10.364 millones de pesos para la implementación del software de citas de pasaportes y otros servicios complementarios, a una empresa que, según él, no tendría el conocimiento y la experticia en tecnología, el Ministerio de Relaciones Exteriores, principal ente implicado en el caso, se pronunció. Y explicó los motivos por los cuales se cambió este sistema, que ya estaría obsoleto.
Infobae Colombia conoció de primera mano la argumentación de la cartera, al mando de Luis Gilberto Murillo, para llevar a cabo este proceso, con lo que le salió al paso a lo divulgado por diferentes medios de comunicación que daban cuenta de este asunto.
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“Lo primero que se debe aclarar es que hace más de 10 años los sistemas de información de la cancillería se encuentran en estado de obsolescencia (...) Iniciamos un proceso de modernización tecnológica que incluye, por ejemplo, un nuevo sistema de agendamiento, el pasaporte en línea y el memorando de entendimiento con Portugal”, expresó la Cancillería en su defensa, luego de los duros señalamientos del cabildante distrital, que también es reconocido por su oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Para llevar a cabo esta renovación, explicó el ente estatal, se ha firmado el contrato interadministrativo número 536 del 2024 con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral - Aldesarrollo. El contrato tiene como objetivo mejorar los sistemas de información en la primera fase del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac): considerado un paso crucial para la Cancillería, con el fin de mejorar los engorrosos trámites para el trámite de este documento, que es obligatorio para salir del territorio nacional.
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La urgencia de actualizar los sistemas de citas debido a inconvenientes en la expedición motivó, según la dependencia, que el proceso se llevara a cabo mediante un mecanismo legal más ágil. “Los problemas que había con la expedición de citas era un tema urgente para atender”, se detalló en este pronunciamiento, en el que también se hizo énfasis en la prontitud que se debía hacer esta transición. Dicho contrato, añadió la Cancillería, hace parte de la Transformación Digital del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los argumentos de la Cancillería para la adjudicación del contrato
Según se explicó en el documento, el ministerio optó por la contratación directa porque “esta es la modalidad establecida por la ley para celebrar contratos entre entidades estatales, cuando el objeto de la entidad ejecutora es la prestación de los servicios contratados”. Esto se fundamenta en la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011, y respaldada por el Decreto Nacional 1082 de 2015, con lo que respondieron a los señalamientos hechos por el cabildante distrital, que hace parte un partido opositor.
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En el proceso de selección fueron consideradas diversas opciones del sector público capacitadas para prestar estos servicios. Y se explicó que, para la selección, se invitó a competir a entidades como la Corporación Colombia Digital (CCD), la Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND), y la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior (Red Summa). No obstante, fue elegida Aldesarrollo, “la que ofreció el menor precio y cumplimiento de los plazos de ejecución requerido”.
Del mismo modo, el ministerio explicó que adelantó un “exhaustivo estudio del sector y análisis de mercado”, que incluyó evaluación de riesgos y justificación de la contratación directa. “Siempre se tuvo en cuenta el principio de selección objetiva”, se detalló en el informe, en el que además se mencionó el esfuerzo que habrían hecho para encontrar la mejor opción. Tuvieron en cuenta en este proceso su experiencia con contratos similares, con entidades como la Contraloría General y la Procuraduría General.
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“Siempre se tuvo en cuenta el principio de selección objetiva, pues se optó por la celebración del contrato luego de evaluar todas las opciones con las que contaba la entidad y concluir que la oferta de Aldesarrollo era la mejor”, precisó la Cancillería, en respuesta a Briceño: que denunció que en los dos años y dos meses del actual Gobierno, habría recibido un total de 190 contratos con el Estado, además de otros campos diferentes a los servicios en mejoramiento de software, para el que fue contratada.
Finalmente, en su comunicado, la entidad destacó que uno de los beneficios tangibles de este nuevo sistema es la reducción de costos en la expedición de pasaportes, “y en algunos casos se expide de forma gratuita,”, lo que representa una gestión eficaz de los recursos disponibles.
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Y, en relación con un aspecto clave de la denuncia de Briceño, se indicó que estatuto de contratación estatal “diferencia claramente el contrato de prestación de servicios del contrato de suministro”, pues este último solo está reservado para la adquisición de bienes. “De la lectura del objeto del contrato y de sus obligaciones no puede afirmarse que se trate de un contrato para la adquisición de bienes. Se trata de un contrato de prestación de servicios para la actualización y mejoramiento de la primera fase del Sitac”, se concluyó.
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