Corte Suprema negó la libertad de exmagistrado que aceptó sobornos del paramilitarismo: “Perjudicó la confianza del sistema”

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad condicional presentada por Eduardo Castellanos Roso, exmagistrado del Tribunal de Justicia y Paz, que fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de cohecho propio y soborno en actuación penal.

Castellanos fue sentenciado por recibir sobornos del exjefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, a cambio de favores judiciales.

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El caso de Castellanos Roso ha sido seguido de cerca por la opinión pública debido a las implicaciones que tiene para la confianza en el sistema judicial colombiano. Según la sentencia emitida, el exmagistrado aceptó sobornos por un valor de $50.000 dólares entre 2013 y 2016, entregados por el abogado defensor de Mejía Múnera, Marco Tulio Quintero Cano. El objetivo del soborno era favorecer al exjefe paramilitar en su proceso dentro del sistema de Justicia y Paz, el cual busca la reintegración de excombatientes bajo ciertos beneficios judiciales.

Castellanos no solo dilató el trámite de exclusión de Mejía Múnera del programa de Justicia y Paz, sino que también reveló información confidencial relacionada con el caso. Estos hechos, que fueron documentados con pruebas como mensajes de texto y grabaciones de encuentros en Bogotá y Villavicencio, sirvieron de base para la condena que le impuso la Corte en enero de 2023.

El tribunal determinó que Castellanos había utilizado su posición privilegiada dentro del sistema judicial para facilitar maniobras dilatorias y favorecer indebidamente los intereses de El Mellizo, lo que socavó la credibilidad del sistema de justicia colombiano y generó una profunda desconfianza en su imparcialidad.

La solicitud de libertad condicional

La defensa de Castellanos Roso argumentó que el exmagistrado ya había cumplido las tres quintas partes de su condena, lo que, según la ley, le permitiría solicitar la libertad condicional. Sin embargo, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, en representación de la Corte Suprema, decidió negar la solicitud basándose en la gravedad de los delitos cometidos y en la necesidad de un enfoque más riguroso y prolongado en casos de corrupción judicial.

“Los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que las penas deben tener una finalidad esencialmente reformadora y resocializadora. Ante delitos que socavan la integridad del sistema judicial, se demanda un enfoque más riguroso y prolongado, no solo para garantizar que el infractor se reintegre adecuadamente a la sociedad, sino para preservar la confianza pública en el sistema de justicia”, señaló el magistrado Caldas en su fallo.

La Corte Suprema consideró que permitir la libertad condicional a Castellanos en este punto de su condena sería inapropiado, dado el daño ocasionado a la justicia colombiana y la confianza pública. Por lo tanto, se estimó necesario que el exmagistrado cumpliera un porcentaje mayor de su condena antes de ser considerado para cualquier beneficio.

“Esta Corporación reitera que el exmagistrado permitió maniobras dilatorias y favoreció indebidamente los intereses de Miguel Ángel Mejía Múnera, acciones que generaron una profunda desconfianza en el sistema de justicia, comprometiendo su credibilidad y capacidad para actuar con imparcialidad”, indicó Caldas durante la lectura del fallo.

Eduardo Castellanos Roso asumió el cargo de magistrado en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en 2006. No obstante, su carrera comenzó a caer en desgracia cuando, en 2018, el abogado Marco Tulio Quintero fue llamado a rendir testimonio como parte de una investigación por corrupción. Quintero reveló que Castellanos había aceptado pagos a cambio de favores judiciales para Mejía Múnera, quien en ese momento era uno de los principales postulados ante el sistema de Justicia y Paz.

El caso tomó un giro más grave cuando Quintero, bajo la amenaza de ser investigado, exigió a Castellano una suma de dinero a cambio de su silencio. Esta demanda fue la gota que colmó el vaso y llevó a que la Fiscalía presentara pruebas contundentes que finalmente resultaron en la condena de Castellanos.