Ley de financiamiento: preocupación por nuevo impuesto que podría impactar los costos de combustible

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el Gobierno espera implementar un plan de reforma tributaria, conocido como la Ley de financiamiento, con el que se busca alcanzar $12 billones adicionales en recaudación, fundamental para lograr un presupuesto de $523 billones para 2025. La reforma, cuya presentación oficial al Congreso se espera pronto, se enfocará en un ajuste económico mediante nuevos impuestos y la reactivación de la economía a través de créditos y estímulos para sectores estratégicos.

Uno de los componentes más polémicos de la propuesta es el aumento en el impuesto al carbono, que significaría un incremento del 200%, elevando la tasa a $75.000 por tonelada de CO₂. Este ajuste afectaría el precio de combustibles como gasolina y diésel, impactando a sectores como el transporte. Aunque este último ya había llegado a un acuerdo por un incremento de $800 por galón de diésel, Bonilla comentó que el Gobierno contempla una implementación gradual del ajuste, lo cual podría aliviar la carga para los transportadores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El aumento en el impuesto al carbono suscita inquietudes debido a sus posibles repercusiones en diversos sectores económicos, especialmente en el transporte y la producción energética. Al elevar la tasa, se proyecta un incremento en el costo de combustibles, lo cual impactaría no solo a los transportadores, sino también a empresas que dependen intensamente del uso de combustibles fósiles.

Este ajuste, además, plantea desafíos para el consumidor, ya que una subida en los costos de transporte podría traducirse en un aumento general de precios en bienes y servicios. Adicionalmente, sectores como el industrial podrían enfrentar la necesidad de reconfigurar

Otro aspecto de la reforma es la disminución gradual en la tasa de renta corporativa, que busca reducir la carga fiscal para las empresas, llevándola del 35% al 27,3% en promedio para 2028, con tasas diferenciadas según el tamaño de las empresas. Bonilla explicó que el objetivo de esta reducción es permitir a las empresas planificar sus inversiones y ajustar sus finanzas de manera más eficiente. Además, la reforma contempla incentivos para la inversión en energía renovable, la modernización del parque automotor, y el turismo, incluyendo exenciones y reducciones de IVA en ciertas áreas.

Además de las modificaciones fiscales, el ministro enfatizó la importancia del acceso al crédito como un pilar central de la estrategia de crecimiento económico. Durante el anuncio, Bonilla destacó el éxito del Pacto por el Crédito, un programa que desembolsó $10,6 billones en su primer mes de ejecución, reflejando un interés significativo por parte del sector privado en nuevas oportunidades de inversión. “Los bancos tienen en sus oficinas trámites por recursos adicionales, lo que demuestra el apetito actual y la identificación de la iniciativa privada sobre dónde están las necesidades”, explicó.

Con estas medidas, el Gobierno espera que la economía colombiana crezca a un ritmo estable, aunque moderado. Bonilla explicó que la proyección de crecimiento para 2024 se ubica entre 1,7% y 2%, mientras que para 2025 se espera un repunte hasta el 3%. Según el ministro, “el expediente con el cual recuperamos la economía es con este proceso participativo privado-público”. Esta perspectiva no solo apunta a fortalecer las finanzas públicas, sino a garantizar un desarrollo más inclusivo y sostenible.

A medida que el proyecto de la Ley de Financiamiento avanza, el Gobierno se prepara para los debates en el Congreso, en los que se definirán los detalles de estas reformas. La presentación final del proyecto aún no cuenta con ponentes, pero Bonilla adelantó que los elementos centrales de la reforma reflejan el compromiso del Gobierno por impulsar la reactivación económica y promover un sistema tributario más justo y eficiente.